Hoy os queremos invitar a la lectura del artículo de opinión de José Ramón Juániz Maya, juez del tribunal internacional de El salvador publicado en el periodico Levante con el título: La Justicia y la dignidad de las víctimas.
Hace unos días pude participar virtualmente en la conferencia de prensa celebrada en la UCA, a propósito de la sentencia del caso Jesuitas dictada por la Audiencia Nacional aquí en España. Comparecían en dicho acto los también jesuitas Andreu Oliva, Rector actual de la Universidad y Chema Tojeira, Director del Instituto de Derechos Humanos y Provincial de la Compañía de Jesús en el momento de la masacre enjuiciada.
Al comenzar su intervención, Tojeira quiso reproducir las palabras con que uno de los hermanos del jesuita asesinado Ignacio Martín Baró, y firmante de la querella criminal, recibió ésta resolución: «la sentencia de la A.N. me ha devuelto la vida de mi hermano». Y creo que estas palabras merecen ser destacadas, porque encierran una gran verdad, a menudo difuminada por la amnesia frente a nuestro pasado de dolor más cercano, y al mismo tiempo, explican perfectamente la razón y el ser de la lucha persistente de las víctimas y la sociedad civil por la verdad, la justicia y la reparación de las graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, sufridos en conflictos armados y bajo regímenes totalitarios.
Recordábamos en estas páginas hace unos meses, a propósito del memoricidio impuesto por los vencedores a los vencidos en la guerra civil durante la dictadura franquista, las palabras de José María Ruiz-Vargas, Catedrático Emérito de Psicología de la Memoria de la UA de Madrid, en las que afirmaba que: «sin memoria no hay vida; no hay pasado, presente, ni futuro, porque€ la memoria es la vida». Y afirmábamos con fundamento en ellas, que cualquier ejercicio de represión de la memoria histórica individual y colectiva, provenga de regímenes dictatoriales o de leyes de Amnistía para los victimarios de crímenes contra la humanidad, sea cual sea la razón y el contexto histórico en que se promulguen, son instrumentos contra la vida, son leyes contra la naturaleza humana que ninguna sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos puede permitir.
Creo que las palabras del hermano de Ignacio Martín Baró confirman rotundamente nuestra anterior afirmación, ya que esta sentencia es sobre todo una victoria de la vida, porque al recuperar la memoria secuestrada y amordazada de las ocho víctimas de la masacre, recupera sus vidas, haciéndolas presentes en nuestra memoria colectiva; y al mismo tiempo, al arbitrar medidas de reparación y de exigencia de responsabilidades a los victimarios, lo que es la expresión de la justicia, restablece la dignidad de las personas a las que les fue arrebatada injustamente y abre el camino hacia la verdadera reconciliación. No hay otro motivo de satisfacción ante este Fallo, más allá de la constatación del trabajo bien hecho por los jueces, fiscales y letrados. La mera condena del victimario no colma sed de venganza alguna; solo es la mera constatación de la miseria humana y su necesario reproche social.
Recuerdo también ahora, a propósito de esta sentencia, las palabras que Chema Tojeira dirigía en 2019 a las víctimas de Morazán, allá por el norte de El Salvador; lugar de tantas masacres perpetradas por los miembros de la Tandona, entre ellas la más conocida del Mozote: «Las víctimas tienen que resistir defendiendo su memoria y su dignidad humana, los valores que tenían sus familiares muertos, asesinados, torturados o desaparecidos; resistir en la propia dignidad. Y la justicia, inicialmente, es devolver la dignidad a las personas». Y el ejercicio de ese derecho de resistencia, debemos añadir, constituye por sí mismo una actitud de rebeldía contra la impunidad.
31 años han sido necesarios para que se haya hecho Justicia por el asesinato de los seis jesuitas de la UCA y sus dos empleadas. Ahora, la sentencia de la Audiencia Nacional impone una condena de 133 años a uno de los autores intelectuales de la masacre, por los asesinatos de las cinco víctimas de origen español y también una condena moral de 81 años más por las tres víctimas salvadoreñas. Esa condena, además, encierra de por vida en su país a los restantes autores vivos, hasta tanto se abra juicio allí.
Lo que demuestra que con la justicia, la verdad y la memoria, las víctimas derrotan a los victimarios. Ese proceso sigue abierto en El Salvador para muchas otras víctimas, como también sigue abierto aquí en España para las víctimas olvidadas de la guerra civil y del franquismo. Y esa victoria, las víctimas olvidadas de ambos países hermanos, tarde o temprano la alcanzarán, aunque para ello sean necesarias varias generaciones.
Ese es el mensaje que hoy traslada esta Sentencia a todas las víctimas salvadoreñas y españolas todavía olvidadas.
El dolor de las victimas es universal y todas las víctimas son iguales. Por eso, todos los jueces deben ampararlas. Y de la misma forma, todos los responsables políticos deben impulsar cambios legislativos que terminen con esta continua tortura del silencio y del olvido impuesto a las víctimas y para que también sea derrotada la impunidad.
