El viernes pasado Huacal tuvo una de
las reuniones más interesantes de todo este viaje. Durante más de dos horas en
unas aulas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) nos reunimos
cerca de veinticinco organizaciones de derechos humanos, de víctimas y desaparecidos
de El Salvador para coordinar acciones y recordar que El Salvador debe saldar
su deuda con la verdad, la justicia y la reparación. Si no, la reconciliación
seguirá siendo solo un ideal. Es tiempo de dignificar la humanidad de las
víctimas.
"Tanta muerte y dolor dejó la
guerra civil que el intento de imponer el perdón y olvido fue, ante todo, un
desprecio a sus víctimas inocentes. No reconocer los crímenes cometidos ni
hacer justicia fue decirles que su vida no valía nada. Durante el proceso de
negociación, hablaron los protagonistas del conflicto armado; y en los Acuerdos
de Paz, las víctimas quedaron invisiblizadas. Después fueron sacrificadas en
nombre de la estabilidad y de la reconciliación. Se dijo que la ley de amnistía
era la piedra angular sobre la que descansaban los Acuerdos, pero en realidad
fue el principal obstáculo para la reconciliación nacional..."
La sociedad que olvida a sus
víctimas desprecia la honda carga humana que les es propia. La carga del
sufrimiento infligido y de la injusticia; una carga que lastra al colectivo,
marca su altura moral y es recordatorio permanente de los atroces crímenes cometidos.
Solo una madre puede hablar del dolor infinito por un hijo desaparecido, solo
una esposa puede testimoniar el sufrimiento por su cónyuge injustamente
asesinado, solo quien fue víctima de tortura puede dar cuenta de la naturaleza
de ese sufrimiento. Nadie tiene derecho a exigir que se olvide el pasado, mucho
menos a imponer el perdón. Solo las víctimas tienen la potestad de perdonar una
vez que conocen la verdad sobre lo que sucedió con sus seres queridos. En El
Salvador, sus voces han sido silenciadas y la que ha prevalecido es la de los
victimarios, que cínicamente son presentados por los grandes medios de
comunicación como prohombres que sufren injustificada persecución.
Cuando un pueblo enfrenta su verdad
histórica y protege a sus víctimas, aprende del sufrimiento para tratar de
evitar que se repita la barbarie. El secreto de la justicia es combatir el
olvido. La memoria histórica es fundamental porque hace presente la injusticia
como único camino para llegar a la justicia. Eso no lo ha hecho el Estado
salvadoreño. No lo hizo luego de la masacre de miles de indígenas y campesinos
en 1932; menos de cinco décadas después estallaba el conflicto armado. No lo
hizo después de la firma de la paz; hoy nos ahoga una guerra social. Los
protagonistas de la guerra civil pactaron un intercambio de impunidades.
La Ley de Amnistía, aprobada en
1993, garantizó impunidad a los agresores de derechos humanos durante el
conflicto armado. Sin embargo, gracias a la lucha incansable de las víctimas,
sus familiares y las organizaciones de derechos humanos, parece que ha llegado
lo largamente pospuesto. Se observó un destello de justicia cuando la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal dicha
ley en julio de 2016.
Sin embargo, después de dos años de
la emisión de esta sentencia, la misma Sala declaró que los Órganos Ejecutivo y
Legislativo, así como la Fiscalía, no acataron sus obligaciones en el tema. Y en
esta desgraciada línea, la moción para declarar el 30 de agosto como el día de
las personas desaparecidas fue rechazada por la derecha en la Asamblea
Legislativa hace pocos días…
Los partidos políticos tienen la
oportunidad histórica de enrumbar a El Salvador por la senda que debió
emprender hace décadas y la sociedad salvadoreña podrá por fin aprender que el
olvido y la indiferencia ante las víctimas nunca son respuesta para hacer
justicia y traer paz.
Es tiempo de dignificar la humanidad
de las víctimas”.
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