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| Montano: “Yo no tenía ninguna animadversión a los jesuitas”, declara el único juzgado en España por la matanza de 1989 |
El excoronel Inocente Orlando Montano, exviceministro de
Seguridad Pública salvadoreño, se ha sentado este miércoles por primera
vez en un banquillo de los acusados para dar explicaciones por la matanza de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) de 1989.
Con absoluta tranquilidad, el ahora septuagenario ha negado en la
Audiencia Nacional los delitos que se le imputan. Según ha asegurado y a
diferencia de lo que mantiene la Fiscalía, nunca participó en el diseñó
y ejecución del plan para acabar con las víctimas —entre las que había
cinco españoles—. En todo caso, ha insinuado que esas decisiones las
habrían tomado otros miembros del Ejército. Aunque él, según ha añadido,
cree que los asesinatos corrieron a cargo de la guerrilla opositara al
régimen. Una tesis rechazada por el ministerio público, las
investigaciones judiciales y las propias conclusiones de la Comisión de
la Verdad constituida en el país americano al acabar la guerra civil que
lo asoló.
Más
de 30 años llevaban las familias y amigos de las víctimas aguardando
este momento. Y por fin, pasadas las 10.00 de este miércoles, uno de los
supuestos autores intelectuales del crimen se ha visto obligado a
responder ante un tribunal. No ha querido contestar a las cuestiones de
la Fiscalía, ni de las acusaciones populares y particulares. Solo, a las
de su abogado. Una oportunidad que ha aprovechado para eludir cualquier
tipo de responsabilidad. “Yo no tenía nada en contra de los jesuitas”,
ha dicho. “Había otros miembros del Gobierno...”, ha añadido.
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| Masacre de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amado López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, así como su ama de llaves, Elba Julia Ramos y su hija Celina Maricet Ramos |
Pero
Montano era un conocido miembro de La Tandona, una promoción de
oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército. Y él
mismo, durante esta sesión del juicio, ha cargado contra los jesuitas de
la UCA y, especialmente, contra el entonces rector, Ignacio Ellacuría,
acribillado a tiros en la matanza. Los ha considerado los impulsores de
un golpe de Estado de 1979 contra el Gobierno militar ultraconservador
—"Hay evidencias de que ese golpe se dirigió desde la universidad.
Ellacuría convenció a la gente de que era necesario hacer un cambio y
botaron del Gobierno al general [Carlos Humberto] Romero"—; y los ha
acusado de reunirse y respaldar a los “terroristas” de la guerrilla
revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN).
Su relato contrasta drásticamente con el de la
Fiscalía y la Comisión de la Verdad, a lo que se añaden documentos
desclasificados de Estados Unidos —del Departamento de Estado, la CIA y
el Departamento de Defensa— que lo señalan. Según toda esa
documentación, el entonces rector de la UCA se había convertido en una
figura incómoda para el régimen al apostar por el diálogo con el FNML
para alcanzar la paz. Así que Montano, junto a otros miembros de la
cúpula militar dio la orden de acabar con su vida “sin dejar testigos”. Y
así supuestamente se cumplió.
En la madrugada del 16 de
noviembre de 1989, un grupo de soldados del batallón Atlacatl irrumpió
en la universidad y mató a tiros a seis sacerdotes jesuitas —los
españoles Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López,
Juan Ramón Moreno; y el salvadoreño Joaquín López— y a la mujer e hija
del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos. “Yo siempre pensé
que fue el FNML el que cometió el asesinato", ha dicho Montano este
miércoles, que ha negado que participara en ninguna reunión donde se
decidiese el crimen. Pese a que el coronel Guillermo Alfredo Benavides,
al frente del Atlacatl, lo señaló en un diario como uno de los mandos
que dio la orden. “No sé de dónde sale ese comentario”, se ha defendido
Montano en la Audiencia Nacional este miércoles.
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| Montano enfrenta solo el juicio en Madrid por el asesinato de los jesuitas |
“Ha mentido”
El
único acusado en este juicio ha mantenido, incluso, que él trato de
ayudar a esclarecer los hechos tras la matanza: "Yo colaboré, en el
sentido de que le dije al señor presidente [Alfredo Cristiani] que la
investigación se condujera con la ayuda internacional”. Pero, como
recuerdan los compañeros de las víctimas, tras la guerra civil solo se
juzgó en El Salvador a los autores materiales del crimen. Nunca a los
intelectuales. “Cuando quisimos ir a por ellos tuvimos muchos
problemas”, detalla el jesuita José María Tojeira, posterior rector de
la UCA, que cuenta cómo la ley de amnistía impedía cualquier proceso
contra ellos. Entonces, decidieron impulsar la causa en España y
presentaron una querella en 2008. “Tuvo una fuerte repercusión en El
Salvador. Y en 2016 se declaró inconstitucional la ley de amnistía”,
apostilla Tojeira. Eso permitió reabrir el caso contra otros cinco
supuestos autores intelectuales, pero “actualmente se encuentra
prácticamente parado”.
“Orlando ha perdido una
oportunidad de oro para decir la verdad. Ha mentido en todos los campos
sobre los que se le ha preguntado. Él era el jefe del operativo y él era
el encargado de verificar y confirmar que se habían cumplido las
órdenes de asesinar dadas por el Estado Mayor del Ejército”, destaca
Juan José Tamayo, miembro de la junta directiva de la Asociación Pro
Derechos Humanos de España, personada como acusación popular, y director
de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio
Ellacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid. “31 años después
tenía la oportunidad de reconocer su implicación, pedir perdón y dar los
nombres de los otros autores intelectuales”, ha reprochado Tamayo, que
añade: “Es una infamia acusar a los jesuitas de defender la violencia de
la guerrilla. Los mataron porque estaban construyendo puentes de
diálogo por la paz y Montano contribuyó a dinamitarlos”.
El
juicio se adentra ahora en un parón y proseguirá en julio con la
declaración de los testigos. Entre ellos, está previsto que preste
testimonio Rene Yushsy Mendoza, antiguo teniente del batallón Atlacatl y
que ha estado acusado en esta investigación hasta el pasado lunes,
cuando el tribunal consideró que habían prescrito los delitos que se le atribuían. La Fiscalía pide 150 años de cárcel para Montano.
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