La agroindustria azucarera ha realizado en los últimos doce años grandes donaciones a los partidos de derechas de El Salvador. En su intento de privatizar el agua, la derecha mantiene en la actualidad paralizada la legislación sobre este recurso, mientras las organizaciones sociales, con un apoyo quizás mayor del deseado de la cooperación internacional, continúan creando conciencia, movilizándose y haciendo frente a un creciente sentimiento de resignación.
Artículo de Armando Jacinto, Oscar Ruiz y Samuel Ventura publicado en la revista Pueblos. Versió en català en aquest enllaç “Més
sucre significa menys aigua. La financiació de l’agroindústria sucrera
als partits de la dreta salvadorenca posa en escac el dret humà a
l’aigua”
La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de El
Salvador dio a conocer este año la lista de los financiadores de los
partidos políticos de este país. Estas listas mostraron dos tipos de
donantes: ciudadanos y ciudadanas, por un lado, y personas jurídicas
(como empresas, gremiales, asociaciones, sociedades, fundaciones y
universidades), por otro. Las donaciones proporcionaron a los partidos
$69,259,644.98 (casi 60 millones de euros) en los últimos doce años
[1].
De la totalidad de donaciones registradas por el Ministerio de
Hacienda, el partido ARENA, de extrema derecha, es el que ha percibido
la mayor parte: el 64,2%. Le sigue el FMLN, de izquierda, con el 18,8%;
el PCN, de extrema derecha, con el 7,8%; el PDC, también de extrema
derecha, con el 5,1%, y GANA, de derechas, con el 3,1%. El 1% restante
se reparte entre otros partidos.
La mayoría del financiamiento de ARENA, el partido político que más
dinero ha recibido en donaciones en los últimos once años, proviene de
empresas. El FMLN recibe el 18% de todas las donaciones, pero el 90% de
sus recursos los proporcionan ciudadanos y ciudadanas.
Esta lista ha sido muy reveladora porque ha permitido a la ciudadanía
identificar quiénes son los principales financiadores de cada grupo.
Así mismo, ha puesto de manifiesto la gran cantidad de dinero recibido
por los partidos de derechas por parte de las empresas de la
agroindustria azucarera del país.
De acuerdo a la lista, entre 2008 y 2017 las empresas azucareras
(entre las que sobresalen CASSA, los Ingenios El Ángel, La Cabaña,
Chaparrastique, Jiboa y familias vinculadas a la industria como los
Tomás Regalado Dueñas y Tomás Regalado O´Sullivan) desembolsaron al
menos $3.2 millones (2,77 millones de euros), siendo el principal
receptor el partido de extrema derecha ARENA, que solo en 2013 recibe
$1.3 millones (1,12M€), y en 2017, $430 mil (370k€). Ese mismo año los
partidos PCN y PDC recibieron $200 mil (172 mil €) y $80 mil (69 mil €),
respectivamente.
Agroindustria azucarera y partidos políticos
Curiosamente, los dos momentos (2013 y 2017) en que estas empresas
hicieron los desembolsos más grandes a los partidos políticos coinciden
con dos acontecimientos en la Asamblea Legislativa relacionados con el
tema del agua. La relación del financiamiento de la industria azucarera y
todos los partidos políticos de derecha es más que evidente.
En 2013 se hace la presentación de la propuesta de Ley de Gestión
Integral del Recurso Hídrico, conocida como Ley de los Regantes, cuya
autoría fue aceptada (un año después) por la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP), que propuso constituir una autoridad del agua
conformada por una mayoría de la empresa privada.
Esto llama mucho la atención porque esta propuesta de Ley hecha por
la ANEP (un organismo similar a la CEOE española) entrampa la Ley
General de Agua presentada por las organizaciones sociales que conforman
el Foro del Agua.
Ya se había discutido hasta el artículo 92 de la Ley General, pero
los partidos de la derecha pidieron retomar desde el artículo 10, en el
que se define el órgano rector del agua en El Salvador. Hasta la fecha
esto sigue siendo un punto de discusión sobre el que no hay acuerdo
entre los partidos de derecha, la oligarquía, el movimiento social y el
FMLN, porque la derecha busca que la dirección corra a cargo de un
organismo autónomo controlado por la empresa privada.
En el año 2017 los partidos de derecha se unen y presentan la
propuesta de Ley Integral del Agua, en donde dejan clara, nuevamente, su
intención de crear una autoridad con mayoría de funcionarias y
funcionarios propuestos por la ANEP, así como de generar condiciones
para la privatización de los servicios de ANDA. Esta propuesta es aún
más lesiva que la presentada en 2013 y coincide también con un
desembolso importante por parte de los financistas de los partidos de
derecha (ARENA, PCN, PDC y GANA).
Usos del agua y sector agropecuario
Las estadísticas agropecuarias del Ministerio de Agricultura
demuestran que en los años 1996 y 1997 la superficie cultivada con caña
de azúcar en El Salvador era de 79,773 m2, mientras que en el año 2015
dicha superficie cultivada ascendía a 120,363 m2, lo que supone un
incremento del 50,88%.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
[2],
el sector agropecuario demanda actualmente el 54,15% de todo el recurso
hídrico. Este sector ocupa el primer lugar, sobre los demás usos del
agua.
De las superficies que utilizan riego, el 36% se usa en la caña de
azúcar y el 48% para pastos. Entre ambos usos suman el 84% del área
total destinada para riego. Además, se prevé que para el año 2022 la
demanda de agua para riego tenga un crecimiento del 15,17% para el
sector agropecuario.
Según el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico en El Salvador
[3],
la mayor cantidad de agua contabilizada para riego proviene de ríos.
Esto no incluye la gran cantidad de pozos utilizados para el riego de
caña de azúcar y pastos que no están contabilizados y no tienen permisos
para funcionar. Para hacerse una idea, basta prestar atención al
aumento de áreas cultivadas en municipios ubicados en la franja costera
del país, donde se perforan pozos sin siquiera ver la afectación a las
zonas aledañas.
Con esta información resulta claro que el objetivo que persigue la
agroindustria azucarera al financiar a los partidos políticos es
defender su interés corporativo para impedir que se apruebe una
legislación que tutele el derecho al agua y la alimentación, y así
continuar con el despojo del agua en los territorios cultivados con caña
de azúcar.
Una nueva correlación de fuerzas
El 4 de marzo de este año tuvieron lugar las elecciones para elegir a
las y los diputados y alcaldes para el periodo 2018-2021 en El
Salvador. Los resultados finales dejaron una derecha fortalecida dentro
de la Asamblea Legislativa, quien, votando en bloque, puede aprobar
créditos o elegir a las personas que ocupen las magistraturas de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República.
Además, tendrán la posibilidad de superar los vetos del presidente
Salvador Sánchez Cerén, todo ello independientemente del voto de la
bancada del FMLN.
Es decir, que hasta el 30 de abril de 2018 (una vez que se hizo
efectiva la toma de posesión de la legislatura 2018-2021) hubo una
legislación con los contrapesos necesarios y que de alguna manera había
detenido la propuesta de Ley Integral de Agua presentada por los
partidos de derecha, y que como hemos visto representa solo los
intereses de sus financiadores.
El único camino que las organizaciones sociales visualizaban era que,
si la derecha aprobaba una ley privatizadora, el presidente de la
Republica la vetase. Se necesitan 56 votos para superar el veto
presidencial. Con la nueva conformación, la derecha puede pasar por
encima del veto y del contrapeso que hacen (hacían) los 23 diputados y
diputadas del FMLN.
Así pues, con la nueva correlación de fuerzas en el parlamento
salvadoreño aumenta el riesgo de que el agua, un derecho humano
fundamental, sea privatizada.
Los desafíos del movimiento social
Ante esa situación van surgiendo desde los territorios más afectados
espacios de participación de organizaciones sociales que buscan
visibilizar la problemática del agua. Esto se ha visto facilitado porque
en estos últimos nueve años ha habido más apertura de los entes
públicos a proporcionar información sobre lo que estaba ocurriendo.
Hay que puntualizar también que con los fondos de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del
Fondo del Agua, se pudieron crear el Diagnóstico Hídrico del País, el
Plan Nacional Hídrico, el Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan
Nacional de Atención a Sistemas Rurales de Agua Potable y el Catastro
Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua.
Todos estos instrumentos son importantes porque ofrecen una
perspectiva de la situación hídrica del país y contribuyen a que se
visibilice la problemática y exista más organización desde los
territorios para demandar el agua como un derecho. Sin embargo, hay que
cuestionar que se invirtieron grandes cantidades de dinero y en su
mayoría fueron empresas españolas quienes los elaboraron de una manera
que no generaron datos completamente fiables (se hicieron vía internet o
por teléfono, sin verificación
in situ).
Las organizaciones sociales llevan doce años exigiendo una Ley
General de Aguas que no ha sido aprobada debido a los grandes intereses
que ya se han mencionado. Falta también un marco jurídico: no hay un
canon de pago por el uso que se hace ni control de cuánta agua se extrae
de los acuíferos.
Pese al compromiso de las organizaciones que desde los territorios
luchan por la defensa del agua, tal vez por no lograr concretarse un
marco regulatorio favorable, se ha ido produciendo un desencanto en la
población. Esto se traduce en la reducción de la participación de la
gente en movilizaciones, que, hasta cierto punto, siente resignación,
que “que no se puede hacer nada”. Es un sentimiento muy negativo, porque
genera estancamiento también en la organización, en la movilización y
la resistencia, posibilitando que ciertos conflictos territoriales se
vayan profundizando y no exista capacidad de denuncia.
Las organizaciones sociales se motivan a mantener la presencia y
grados de sensibilización, pero cada vez es más difícil, pues tampoco se
disponen de los recursos suficientes para mantener activa esa masa
crítica. Esto provoca, en parte, que sea la cooperación internacional la
que tenga que mantener estos niveles de actuación, cuando debería de
ser un compromiso más natural de las agendas políticas del país.
Puesto que no existe voluntad política suficiente a nivel de
partidos, de funcionariado o de estructuras del Estado para dar
respuesta a esta situación, no hay duda de que el trabajo y las
estrategias que las organizaciones sociales desarrollen será de mucha
importancia para generar conciencia en la ciudadanía y no dejar que la
nueva Asamblea Legislativa privatice el agua en El Salvador.
Armando Jacinto, Oscar Ruiz y Samuel Ventura forman parte de la Asociación Comunitaria Unida por la Agricultura (ACUA) de El Salvador.
