30/7/20

Fin a tres décadas de impunidad


Las acusaciones consideran un “ejemplo” de justicia universal la vista contra un excoronel salvadoreño por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 

La fiscal Teresa Sandoval describió esta semana con un símil certero y desagradable lo que se vivió en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador la madrugada del 16 de noviembre de 1989: “Los responsables de la masacre tenían a los ratones bien encerraditos en una ratonera sin posibilidad de fuga”. La ratonera, el campus, estaba rodeado por 350 soldados cuya misión era garantizar que nadie entrara ni saliera; los ratones, los jesuitas que, a esa hora, alrededor de las dos de la mañana, dormían en sus habitaciones ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir; y los responsables, los militares que los ejecutaron, pero también los altos mandos que supuestamente decidieron y ordenaron asesinar al teólogo vasco Ignacio Ellacuría y no dejar testigos.

La celebración de un juicio 30 años después del crimen que se juzga sería normalmente un fracaso del sistema. Pero la vista que terminó esta semana en la Audiencia Nacional por la matanza de cinco jesuitas españoles en El Salvador tiene, por el simple hecho de celebrarse, una dosis de éxito. Falta la sentencia y todo lo que no sea una condena contra el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano borraría para las acusaciones esa sensación, pero haber sentado en el banquillo a uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato ha sido vivido como un hito para quienes durante décadas lucharon por que el supuesto papel de los altos mandos militares en el crimen no quedara impune.

El abogado Manuel Ollé, que representaba a la acusación popular ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, se lo recordó al tribunal en su última intervención: “Hoy la Audiencia Nacional no es un tribunal nacional. Por el principio de Justicia Universal hoy actuáis en representación de la comunidad internacional”. “En el derecho penal internacional todos tenemos que hablar el mismo idioma y el Estado que lo juzga está en representación del que no lo quiere o no lo puede juzgar”, afirma Ollé, para quien este juicio debe servir de “ejemplo” para otros muchos casos. “En los crímenes de Estado es evidente que el Estado va a hacer todo lo posible para impedir el juicio. Pero en estos 30 años la justicia universal ha evolucionado y se debe hacer frente a esas situaciones”.

Ollé está “satisfecho” por el resultado de la vista, que, en su opinión, ha permitido reunir un material probatorio “abrumador” contra el excoronel Montano, de 76 años, el único acusado en el juicio. Los documentos y testimonios han evidenciado, según las acusaciones, que Montano, que entonces era viceministro de Seguridad Pública, fue uno de los ideólogos del asesinato. Al resto, al menos otros cuatro altos mandos según la Fiscalía, no se les ha podido juzgar porque El Salvador rechazó su extradición, pero el excoronel vivía desde hace años en Estados Unidos y España consiguió que lo entregaran en 2017.

La vista empezó con otro acusado, el exteniente Rene Yushsy Mendoza, pero quedó eximido el segundo día y se ha convertido en un testigo clave al señalar a Montano como uno de los militares que ordenó la matanza. La Fiscalía, que pide 150 años de prisión para el excoronel, califica los hechos como asesinatos terroristas: “Fueron llevados a cabo por una estructura paralela construida desde dentro del Estado de El Salvador y al margen de la legalidad”, explicó la fiscal en su alegato final, en el que señaló que esta estructura, conocida como La Tandona, “alteró gravemente la paz pública”. “Los peritos nos han hablado de inmensas violaciones de derechos humanos. Más de mil casos cometidos por policía o tropa al mando del coronel Montano”, expuso Sandoval.

El acusado negó los hechos en el juicio, aunque las acusaciones advirtieron que se contradijo. “Yo no tenía nada en contra de los jesuitas”, aseguró minutos antes de afirmar que el golpe de Estado de 1979 contra el general Carlos Humberto Romero se originó en la UCA, de la que Ellacuría era rector. “30 años después sigue demostrando animadversión hacia los padres jesuitas y los sigue considerando guerrilleros y terroristas”, advirtió la fiscal en su informe final.

Montano, en su turno de última palabra, se quejó de que el juicio había adolecido de “errores técnicos y morales”. “Se ha mentido a destajo”, dijo. “Ellacuría era un amigo. No era miembro de la guerrilla y yo nunca lo acusé”. ¿Por qué se convirtió el teólogo español en un objetivo para los militares salvadoreños? El exfiscal y magistrado emérito José Antonio Martín Pallín, abogado de la única acusación particular, ejercida por la familia del jesuita Ignacio Martín Baró, sitúa los hechos en su contexto: “La realidad es que El Salvador vivía una guerra y Alfredo Cristiani [que presidía el país desde junio de 1989] y Ellacuría buscaban un acuerdo de paz. Y los militares no querían porque sabían que la guerrilla, para firmar ese acuerdo, iba a exigir depurar el Ejército”.

A la espera en el Salvador

El juicio celebrado en la Audiencia Nacional ha reavivado las esperanzas de que El Salvador, que hasta ahora ha sido reticente a juzgar a los autores intelectuales de la matanza de los jesuitas, llegue también a sentar en el banquillo a varios ex altos mandos contra los que mantiene abierta una causa. El abogado José Antonio Martín Pallín se confiesa escéptico: “Hay una gran corriente de opinión en El Salvador que pide que se abra el juicio, pero no creo que se les juzgue”, lamenta, el exfiscal, que se siente satisfecho con lo que se ha conseguido en España. “Se sabía que intervinieron los soldados; se sabía que los militares ejecutaron la orden; pero falta por saber de quién salió la idea”.

El abogado Manuel Ollé advierte de que el juicio en España buscaba hacer justicia para los jesuitas y para todo el pueblo salvadoreño, pero no se trata de suplir a la justicia de El Salvador “sino de complementarla”. “Y ojalá los jueces salvadoreños tomen buena nota para que se siga está estela”, afirma.

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