Cientos de medios de comunicación a nivel internacional han informado que el pasado miercoles un tribunal de El Salvador ratificó la condena a 30 años de cárcel a una mujer por aborto, estamos hablando de Teodora (ver entrada).
Desde Huacal queremos mostrar nuestra absoluta repulsa a esta resolución, queremos dar toda nuestra solidaridad a Teodora, nuestro apoyo a TNT, nuestra asociación hermana, en la campaña por la libertad de Teodora y desde este momento animamos a otras entidades, ong's y administraciones a sumarse a esta campaña por la libertad de Teodora que impulsa TNT y otros colectivos sociales, culturales y feministas salvadoreños.
La ONU se ha declarado consternada por el fallo.
El Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al
Hussein, ha pedido este viernes a El Salvador que levante la prohibición
total del aborto. Desde 1997, El Salvador tiene una de las
legislaciones más duras hacia las mujeres que interrumpen sus embarazos.
La portavoz de ese organismo de la ONU, Liz Throssel, ha
declarado que “es realmente sorprendente, asombroso, espantoso que estas
mujeres sean condenadas por sufrir un aborto espontáneo, por dar a luz
un bebé muerto”.
La portavoz ha recalcado que “básicamente están siendo
condenadas por ser mujeres, por perder un bebé y por ser pobres”.
Throssell ha recordado que al menos 41 mujeres han sido condenadas en
circunstancias similares en la última década.
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional calificó la sentencia de "una profunda tragedia".
Según las organizaciones que apoyan a Vázquez, y entre ellas estamos Huacal, Teodora sufrió "una emergencia obstétrica" en 2007 y, sin respuesta del sistema de urgencias sanitaria público, dio a luz en los baños de la escuela en la que trabajaba.
En 2016, Amnistía Internacional le presentó al gobierno 250.000 firmas "exigiendo la libertad" de la mujer. Y
en noviembre pasado, Naciones Unidas pidió a las autoridades de El
Salvador la revisión de los casos de mujeres que cumplen largas penas
por provocarse aborto.
Según la organización salvadoreña Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto, actualmente unas 27 mujeres cumplen penas de
entre seis y 35 años por el delito de homicidio agravado vinculado al
aborto.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén propuso el año pasado impulsar una reforma
para permitir la interrupción del embarazo en casos de que la vida de
la madre esté en riesgo o sea fruto de una violación, pero el proyecto
no ha prosperado en el Congreso.
Así es que El Salvador
sigue siendo junto a Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y
Malta uno de los pocos países del mundo que mantienen una prohibición
absoluta del aborto. El país centroamericano tiene desde 1997 una de las leyes más severas para las mujeres que aborten y para quienes las asistan.
El dia siguiente, jueves, el Parlamento Europeo ha pedido liberar a las mujeres de El Salvador encarceladas por perder a sus hijos. En una resolución de urgencia aprobada por amplia mayoría, los
eurodiputados reclamaron asimismo a la Asamblea Legislativa salvadoreña
que lleve a cabo una reforma del Código Penal para despenalizar el
aborto por lo menos en casos de embarazos que suponen riesgos para la salud de la madre, casos de malformaciones, inviabilidad del feto, violaciones e incestos.
La resolución también menciona específicamente que se suspendan las penas para dos casos recientes: Teodora del Carmen Vásquez,
cuya última apelación fue rechazada esta semana y quien lleva ya diez
años en prisión, condenada a un total de treinta, y Evelyn Beatriz
Hernández Cruz, cuya sentencia fue confirmada en octubre pasado.
Votxtothom proposa crear amb urgència un "canvi de legislació que permeti a totes les persones que viuen en un estat votar i ser votades en tots els comicis electorals". Això suposaria desvincular la ciutadania de la nacionalitat i vincular-la a la residència que es tingui reconeguda per l’empadronament.
El passat 1 de desembre es va fer la presentació de la plataforma a les Cotxeres de Sants on es va llegir el manifest unitari, es van presentar els materials de difusió de la campanya a més de fer una taula rodona de debat.
El dret al vot actiu i passiu no ha d’estar lligat a la nacionalitat. Ha de ser inherent a la persona i, en tot cas, vinculat la residència reconeguda mitjançant l’empadronament.
L’article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics ha de ser aplicable a totes les persones residents en un Estat, independentment de la seva nacionalitat.
Totes les persones residents en un Estat han de gaudir del dret a vot actiu i passiu, a elegir i ser elegides per sufragi en totes les eleccions que se celebrin a qualsevol nivell.
Totes les persones estrangeres a partir dels 16 anys han de tenir dret a vot.
A continuació teniuun video de la campanya per si en voleu fer difusió:
Hoy desde Huacal queremos denunciar una terrible situación que se da en El Salvador del siglo XXI: Al menos 31 mujeres están en prisión en El Salvador por “homicidio
agravado”, acusadas de acabar con la vida de sus hijos tras el parto. El
país centroamericano es uno de los seis en el mundo que prohíbe el
aborto bajo cualquier circunstancia. Esta es la historia de Teodora y “las 17”: salvadoreñas presas por perder a sus hijos por problemas médicos en el momento de dar a luz. Un artículo de Alberto Pradilla para Plaza Pública y publicado también en el diario Público:
Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña, de 34
años, cumplió diez de prisión el pasado 13 de julio. Una década entre
rejas acusada de haber matado a su hija recién nacida. Esta mujer lleva
casi 3,650 días encerrada por un delito que siempre ha negado. Su parto,
dice, fueespontáneo y el feto nació muerto. Teodora
cuenta con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional o
Human Rights Watch, que han lanzado campañas exigiendo su libertad.
El próximo 8 de diciembre, esta mujer humilde,
que trabajó desde muy niña, madre de otro hijo al que apenas ve porque
desplazarse hasta la cárcel es muy costoso, tiene otra oportunidad. El
Tribunal de Segunda Sentencia del Centro Integrado de Justicia Penal
Doctor Isidro Menéndez, de San Salvador, El Salvador, revisará su causa.
Una última opción de abandonar la prisión de Ilopango antes de los 30
años a los que fue sentenciada. Una oportunidad para eludir la pena ya
escrita que dice que recuperará la libertad cuando cumpla 54 años.
Vásquez forma parte del grupo de “las 17”,
como han dado en llamar en El Salvador a las mujeres sentenciadas por
“homicidio agravado”, que es como se tipifica la acusación de,
supuestamente, acabar con la vida de sus hijos al momento del
nacimiento. Sin embargo, ellas alegan haber sufrido complicaciones
obstétricas, problemas médicos al dar a luz. Se les conoce como “Las 17”
porque esos eran los casos de los que se tenían constancia al momento
de comenzar la campaña en 2014, cuando se presentaron otras tantas
solicitudes de indulto al Congreso.
En realidad, son al menos al menos 31 mujeres
las que guardan prisión por casos similares, según datos de La Colectiva
Feminista, una agrupación salvadoreña que defiende los derechos de la
mujer. En las últimas dos décadas, más de un centenar de mujeres fueron
procesadas en El Salvador, uno de los seis países del mundo en los que
el aborto está completamente prohibido bajo cualquier
circunstancia. Aunque la mujer haya sido violada o su vida corra
peligro. Los otros son Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Malta y
El Vaticano.
“Mi bebé ahora tendría diez años, pero las cosas no siempre salen como
una espera”, reflexiona Vásquez desde la cárcel de Ilopango, a 12
kilómetros de San Salvador, la única prisión exclusiva para mujeres en
ese país. Es jueves por la mañana, falta un día para que cumpla una
década entre rejas, y toca talleres. Reclusas de diversos módulos se
reúnen en un patio para preparar la escenificación del musical “Mamma
mía” y elaborar el decorado. Colabora con ellas la oenegé Tiempos Nuevos
Teatro (TNT), que desarrolla diversos programas en prisión. La estancia
es colorida, tiene plantas y una sensación diáfana, todo lo contrario a
las celdas superpobladas en las que se hacinan diariamente. La cárcel
tiene capacidad para albergar a 800 privadas de libertad, pero su población real es de 2,800.
Se trata del centro penitenciario más hacinado de El Salvador. Cuando
pase la mañana, regresarán a ese entorno hacinado y hostil en el que
permanecen la mayor parte del tiempo. No, las cosas no siempre salen
como una espera.
Vásquez vuelve a recordar aquel 13 de julio
de 2007, una historia que ha relatado infinidad de veces a periodistas,
jueces, policías, abogados, activistas. Se encontraba trabajando como
limpiadora en el Liceo Canadiense. Estaba embarazada de nueve meses. A
las 14:00 horas no sentía dolor alguno. Sabía que le tocaría dar a luz
en cualquier momento; estaba pendiente. Una hora después, su jefe la
envió al mercado a hacer unos mandados. Iba con varias compañeras. Fue
entonces cuando comenzaron los dolores.
“Regresé sobre las 18:00 Me dolía la
espalda. No podía enderezarme. Pensé que ya iba a nacer”, explica. Se
sentó en una silla, solicitó un celular y llamó al 911 en varias
ocasiones. Al menos, cinco o seis veces. No llegó nadie. Empezó a
llover. “Me sentía frustrada porque no llegaba nadie”, afirma.
Pidió dinero a su jefe para ir al hospital;
este le entregó US$20. Sola, sentada en una grada, con la bolsa
preparada para ir al centro médico, esperaba que llegaran por ella. Y
nada.
A las 20:00 horas, sintió ganas de orinar,
fue al servicio -en el que no había luz-, se bajó los pantalones y los
calzones y sintió que “algo cayó”. Se desmayó. Tambaleándose, regresó a
la grada, dejando un resto de sangre del que ni siquiera era consciente.
Un empleado del lugar, ya fallecido y que se convirtió en principal
testigo en su contra, encontró el feto y llamó a la policía.
—¿Por qué lo hiciste? —le preguntó uno de los agentes que la rodeaban.
—Has matado a tu bebé. —Le sentenció
—No lo he hecho, —respondió ella.
—Me desmayaba a cada rato. Me subieron al carro y me esposaron, —recuerda.
Un país jurídicamente conservador
El Salvador es un país profundamente
conservador en términos jurídicos. La reforma de su Constitución de
1999, promovida por el partido derechista Arena, “reconoce como persona
humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Este es el
punto de vista en el que se apoyan los sectores más conservadores y religiosos,
que son muchos, para exigir que se persiga cualquier tipo de
interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Es un argumento que
puede escucharse igual en Centroamérica, Europa o Estados Unidos. Da
igual que esta posición no esté ni siquiera compartida por la comunidad
científica y que tenga más de debate filosófico. Se trata de uno de los
mantras de los grupos que se llaman a sí mismos “pro vida”. La
Constitución Política de Guatemala hace la misma referencia al igual que
la de Alemania. Lo que diferencia al caso salvadoreño es la aplicación de estas tesis en el Código Penal.
En 1998, la Asamblea Legislativa de El
Salvador reformó este código, para eliminar las causales (malformaciones
graves, violación, peligro de muerte para la madre) que desde 1974
regulaban la interrupción voluntaria del embarazo, e incrementar las
penas. Desde entonces en ese país se persigue a la mujer que aborte, con
penas de entre dos y ocho años de cárcel. Se persigue al personal
sanitario que colabore, con hasta cinco años de prisión. Se persigue a
quien no denuncie a un tercero. También se incluyó el delito de
“homicidio agravado”, que es el que se aplica a mujeres que aseguran
haber sufrido complicaciones en el parto, y que tiene penas de hasta 40
años. Como explica Dennis Muñoz, abogado de la plataforma por la
despenalización del aborto: “es una guerra contra las mujeres”.
Actualmente sólo existe una mujer condenada
por aborto, aunque se encuentra en libertad condicional. La acusación
contra las que ahora están en prisión es de “homicidio agravado”. El
abogado de Teodora denuncia que son estigmatizadas. Que se les
juzga como si fuesen culpables antes incluso de presentar pruebas. Según
Muñoz, “existe una presunción de culpabilidad” y no de inocencia, como
dicta la doctrina jurídica. Víctor Hugo Mata, abogado defensor de
Teodora Velásquez, añade el elemento de clase. “El derecho penal agarra
más a la gente pobre que a la clase media o la rica”, dice. Ninguna de
las mujeres en prisión por problemas obstétricos tenía una posición
económica acomodada.
Teodora Vásquez, dicen sus abogados, es un ejemplo de esta condena previa.
“En el hospital pasé una noche. Estaba
esposada por un pie. Un policía me llamaba ‘perro’ y me insultaba. Me
trató muy feo. Yo me sentía impotente”, cuenta Teodora. Del hospital fue
trasladada a las bartolinas del juzgado, donde permaneció 12 horas.
Antes, los agentes habían avisado a la prensa. La grabaron. La
expusieron. Mientras otras reclusas se preparaban para darle una paliza,
porque ya habían sido advertidas por la televisión, su familia (padre,
madre, hijo), se enteraba de que estaba detenida y que le acusaban de
matar a su recién nacido. Ella apenas había tenido tiempo para darse
cuenta de la situación en la que se encontraba. De estar esperando su
segundo hijo pasaba a encontrarse a las puertas del penal.
Dos versiones, un prejuicio y una autopsia contradictoria
“Me hicieron una audiencia. Me pedían 75 años de cárcel”, recuerda Vásquez.
En este punto, una mujer que acaba de
perder a un hijo, confusa y débil, con problemas de salud (nunca se
determinó cuánta sangre había perdido), se encuentra sentada ante el
juez que, en un primer momento, decidirá si la envía o no a prisión. La
fiscalía la acusaba de la muerte de su hija recién nacida. Necesita un
abogado. Consigue a uno por US$400, pero no le sirve de mucho ya que le
envían a la cárcel a la espera de juicio. “En la audiencia estuvo
presente (el abogado), pero me dijo que si no le daba más dinero, no regresaría”,
recuerda. El letrado le preguntó si tenía un carro o terrenos con los
que pagarle. Ante la negativa, desapareció y nunca más supo de él.
Siete meses después tuvo lugar la audiencia
pública. Como Vásquez no tenía abogado ni podía pagárselo (su padre es
agricultor y su madre ama de casa, por lo que apenas disponen de
recursos), le asignaron uno de oficio. Este dispuso de once horas para
prepararse el caso. Apenas la conoció un día antes. Poco margen para
afrontar un caso en el que la acusada se juega media vida.
Los magistrados José Luis Giammattei
Castellanos, María del Pilar Abrego Archila y Alejandro Guevara Fuentes,
condenaron a Teodora Vásquez a 30 años de cárcel por homicidio
agravado. La acusaban de haber dado a luz a una niña, dejarla en el
retrete y tirar de la cadena.
Los jueces dieron crédito a la versión de
sus acusadores. No creyeron la de la mujer penada que asegura que ella
quería tener al bebé, que se trató de un problema obstétrico, que no
tuvo ayuda para dar a luz, que se desmayó y perdió la conciencia.
La autopsia es la clave para determinar la
causa de un fallecimiento, especialmente si no existen testigos directos
de lo sucedido que puedan aportar en el juicio. En este caso, hay
diferencias entre lo que se firmó en un primer momento y lo que se
afirmó en el proceso legal, ocho meses después. En su primer estudio, el
doctor Alfredo Adolfo Romero Díaz, aseguró que la causa de la muerte de
la bebé era la “asfixia perinatal”. Es decir, un accidente por el cual
la recién nacida deja de recibir aire antes, durante o después
del parto. Luego, prosigue: “El estudio microscópico del tejido pulmonar
reporta los espacios alveolares hay retención de líquidos, los vasos
sanguíneos se encuentran congestionados. Condiciones que son sugestivas
de que el recién nacido nació vivo y posteriormente fallece por una
asfixia perinatal”.
Según esta autopsia, la madre quedaría exonerada del delito.
A pesar de ello, durante el juicio
celebrado en 2008, Romero añadió elementos a su declaración. Ante la
sala, ratificó lo recogido en la autopsia pero añadió que, a su parecer,
“se demuestra que el bebé respiró al nacer, que en el presente caso se
trata de una asfixia mecánica y se encontraron signos de asfixia por
sumersión”.
El abogado Víctor Hugo Mata, que representa
a Vásquez en la vista de revisión, cree que existe una “contradicción”
que no puede utilizarse para condenar a su cliente. “Le ha agregado otro
elemento que no sustenta científicamente. Hay un mal
procedimiento. Ella no fue de ninguna manera, no hubo dolo homicida”,
argumenta. Aprovecha para explicar que este es un caso que, por
desgracia, se repite. “Este es un cuadro típico. Hay un 15 por mil de
partos intempestivos, partos abruptos, no son abortos. Se trata de
partos en una forma involuntaria. Las mujeres, al ir al baño, cuando
están allí, les sale en bloque todo. Y ella en este momento, por el
desgarro, cae desmayada”, dice.
Este es uno de los argumentos que el
letrado utilizará en la vista del 8 de diciembre. Según explica, uno de
los comunes denominadores en estos casos es que, a pesar de no existir
pruebas concluyentes, bastan los indicios para imponer altísimas penas
de prisión.
Que los magistrados hayan aceptado revisar
el caso ya es una pequeña victoria, indica Mata. Su defensa está basada
en siete puntos, los mismos que presentaron ante el Congreso salvadoreño
para reclamar el indulto. Entre sus argumentos, poner en cuestión las
“contradicciones” de la autopsia y denunciar que Vásquez no tuvo
presunción de inocencia, que venía con la sentencia escrita de antemano.
Sobre la posición que pueden tomar los jueces, el abogado explica que
existen tres opciones: que se ratifiquen en su sentencia previa, que
duden y cedan la decisión a otro tribunal o que sean ellos mismos los
que enmienden su propio fallo.
Cihuatán es considerado como uno de los mayores sitios arqueológicos de El Salvador, con una extensión estimada en unos tres kilómetros cuadrados. Se encuentra situado en una loma y un área rodeada por ríos en las cercanías del volcán de Guazapa. El parque arqueológico comprende un área de 75 hectáreas.
Está ubicado en el municipio de Aguilares en el departamento de San Salvador. La ciudad fue construida y habitada entre los años 900 y 1200 d.C. Sus habitantes eran indígenas mayas, pero es posible que hubiera otros grupos étnicos en la ciudad y la arquitectura y artefactos demuestran enlaces fuertes con Centroamérica y el sur de México, sobre todo Veracruz y Puebla.
En su área residencial pueden identificarse barrios que rodean el centro de la urbe. En total los barrios son siete, probablemente hay otros más. Cada uno tiene su grupo de edificios ceremoniales.
El centro de Cihuatán se divide en la Terraza Oeste (la cual era posiblemente el mercado principal de la ciudad), un centro ceremonial y una Acrópolis. La Acrópolis, ya bajo investigación por los arqueólogos de FUNDAR, consiste en un palacio, uno o dos palacetes, un "Gran Salón", y una serie de terrazas al poniente, además de una serie de montículos y una plaza de función religiosa y otras estructuras todavía no investigadas.
Además del centro ceremonial oriente está el centro ceremonial Poniente, donde se han realizado la mayoría de investigaciones. Esta comprende dos juegos de pelota, la pirámide principal -P7, un posible palacio al lado sur de la pirámide principal P-7), así como varias estructuras que eran utilizadas para propósitos ceremoniales; el centro ceremonial poniente se encuentra rodeado por un muro. Las estructuras centrales del centro ceremonial se encuentran entre dos terrazas y el juego de pelota oeste se esparranca el muro.
A la cerámica hecha en Cihuatán se la denomina Fase Cihuatán la cual pertenece a la fase o cultura Guazapa, y se encuentra en gran parte de lo que hoy son los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Las cerámicas principales de la Fase Cihuatán son locales, pero unas vajillas importadas incluyen la cerámica Tohil Plomiza y la cerámica Nicoya polícroma.
Cihuatán fue deshabitado entre los años 1050 y 1100 dC, probablemente debido a las guerras y conflictos de la época , al final la ciudad fue quemada y lo mismo sucedió con las otras ciudades centrales bajo el dominio de Cihuatán (Las Marías, Santa María, Mucuyo, Monte Redondo, La Esmeralda, etc).
