Las acusaciones consideran un “ejemplo” de justicia universal la vista contra un excoronel salvadoreño por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989
La fiscal
Teresa Sandoval describió esta semana con un símil certero y
desagradable lo que se vivió en la Universidad Centroamericana (UCA) de
El Salvador la madrugada del 16 de noviembre de 1989:
“Los responsables de la masacre tenían a los ratones bien encerraditos
en una ratonera sin posibilidad de fuga”. La ratonera, el campus, estaba
rodeado por 350 soldados cuya misión era garantizar que nadie entrara
ni saliera; los ratones, los jesuitas que, a esa hora, alrededor de las
dos de la mañana, dormían en sus habitaciones ajenos a lo que estaba a
punto de ocurrir; y los responsables, los militares que los ejecutaron,
pero también los altos mandos que supuestamente decidieron y ordenaron
asesinar al teólogo vasco Ignacio Ellacuría y no dejar testigos.
La celebración de un juicio 30 años después del crimen
que se juzga sería normalmente un fracaso del sistema. Pero la vista
que terminó esta semana en la Audiencia Nacional por la matanza de cinco
jesuitas españoles en El Salvador tiene, por el simple hecho de
celebrarse, una dosis de éxito. Falta la sentencia y todo lo que no sea
una condena contra el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano
borraría para las acusaciones esa sensación, pero haber sentado en el
banquillo a uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato ha
sido vivido como un hito para quienes durante décadas lucharon por que
el supuesto papel de los altos mandos militares en el crimen no quedara
impune.
El
abogado Manuel Ollé, que representaba a la acusación popular ejercida
por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, se lo recordó al
tribunal en su última intervención: “Hoy la Audiencia Nacional no es un
tribunal nacional. Por el principio de Justicia Universal hoy actuáis en
representación de la comunidad internacional”. “En el derecho penal
internacional todos tenemos que hablar el mismo idioma y el Estado que
lo juzga está en representación del que no lo quiere o no lo puede
juzgar”, afirma Ollé, para quien este juicio debe servir de “ejemplo”
para otros muchos casos. “En los crímenes de Estado es evidente que el
Estado va a hacer todo lo posible para impedir el juicio. Pero en estos
30 años la justicia universal ha evolucionado y se debe hacer frente a
esas situaciones”.
Ollé está “satisfecho” por el
resultado de la vista, que, en su opinión, ha permitido reunir un
material probatorio “abrumador” contra el excoronel Montano, de 76 años,
el único acusado en el juicio. Los documentos y testimonios han
evidenciado, según las acusaciones, que Montano, que entonces era
viceministro de Seguridad Pública, fue uno de los ideólogos del
asesinato. Al resto, al menos otros cuatro altos mandos según la
Fiscalía, no se les ha podido juzgar porque El Salvador rechazó su
extradición, pero el excoronel vivía desde hace años en Estados Unidos y
España consiguió que lo entregaran en 2017.
La
vista empezó con otro acusado, el exteniente Rene Yushsy Mendoza, pero
quedó eximido el segundo día y se ha convertido en un testigo clave al
señalar a Montano como uno de los militares que ordenó la matanza. La
Fiscalía, que pide 150 años de prisión para el excoronel, califica los
hechos como asesinatos terroristas: “Fueron llevados a cabo por una
estructura paralela construida desde dentro del Estado de El Salvador y
al margen de la legalidad”, explicó la fiscal en su alegato final, en el
que señaló que esta estructura, conocida como La Tandona, “alteró
gravemente la paz pública”. “Los peritos nos han hablado de inmensas
violaciones de derechos humanos. Más de mil casos cometidos por policía o
tropa al mando del coronel Montano”, expuso Sandoval.
El
acusado negó los hechos en el juicio, aunque las acusaciones
advirtieron que se contradijo. “Yo no tenía nada en contra de los
jesuitas”, aseguró minutos antes de afirmar que el golpe de Estado de
1979 contra el general Carlos Humberto Romero se originó en la UCA, de
la que Ellacuría era rector. “30 años después sigue demostrando
animadversión hacia los padres jesuitas y los sigue considerando
guerrilleros y terroristas”, advirtió la fiscal en su informe final.
Montano,
en su turno de última palabra, se quejó de que el juicio había
adolecido de “errores técnicos y morales”. “Se ha mentido a destajo”,
dijo. “Ellacuría era un amigo. No era miembro de la guerrilla y yo nunca
lo acusé”. ¿Por qué se convirtió el teólogo español en un objetivo para
los militares salvadoreños? El exfiscal y magistrado emérito José
Antonio Martín Pallín, abogado de la única acusación particular,
ejercida por la familia del jesuita Ignacio Martín Baró, sitúa los
hechos en su contexto: “La realidad es que El Salvador vivía una guerra y
Alfredo Cristiani [que presidía el país desde junio de 1989] y
Ellacuría buscaban un acuerdo de paz. Y los militares no querían porque
sabían que la guerrilla, para firmar ese acuerdo, iba a exigir depurar
el Ejército”.
A la espera en el Salvador
El
juicio celebrado en la Audiencia Nacional ha reavivado las esperanzas
de que El Salvador, que hasta ahora ha sido reticente a juzgar a los
autores intelectuales de la matanza de los jesuitas, llegue también a
sentar en el banquillo a varios ex altos mandos contra los que mantiene
abierta una causa. El abogado José Antonio Martín Pallín se confiesa
escéptico: “Hay una gran corriente de opinión en El Salvador que pide
que se abra el juicio, pero no creo que se les juzgue”, lamenta, el
exfiscal, que se siente satisfecho con lo que se ha conseguido en
España. “Se sabía que intervinieron los soldados; se sabía que los
militares ejecutaron la orden; pero falta por saber de quién salió la
idea”.
El abogado Manuel Ollé advierte de que el juicio
en España buscaba hacer justicia para los jesuitas y para todo el pueblo
salvadoreño, pero no se trata de suplir a la justicia de El Salvador
“sino de complementarla”. “Y ojalá los jueces salvadoreños tomen buena
nota para que se siga está estela”, afirma.
