Un año después de que la Amnistía fuera declarada inconstitucional, el juicio penal por la masacre de El Mozote (1981) es el único crimen de guerra que se mueve en los tribunales salvadoreños. El caso se tramita con leyes antiguas: los abogados no puede preguntar directamente a los testigos, el juez dirige la investigación y ha citado a peritos como los antropólogos argentinos que hicieron exhumaciones hace 15 años. Los testigos cuentan los horrores que pasaron y cómo escaparon de la brutalidad del Batallón Atlacatl. Pero aún no hay pruebas que vinculen directamente a los acusados. El tiempo está del lado de los perpetradores de la peor masacre de América Latina el siglo pasado.
El jueves 21 y viernes 22 de septiembre, el juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera recibió los testimonios de cuatro personas: víctimas y familiares de víctimas de un operativo de tierra arrasada que acabó con la vida de un millar de personas en El Mozote (Arambala, Morazán) y lugares aledaños, entre el 10 y 12 de diciembre de 1981.
Estos testimonios no son solo una medida restaurativa, no es solo para que algunos viejos militares pidan perdón. Al final de este juicio, 18 altos mandos del Ejército de 1981 podrían ir a la cárcel, entre ellos el exministro de Defensa, Guillermo García. Pero hay algo más importante, el cumplimiento de uno de los puntos más vilipendiados de los Acuerdos de Paz: la superación de la impunidad. Un año y dos meses después de la eliminación de la Amnistía, El Mozote es el único caso de la guerra civil salvadoreña que avanza en los tribunales.
María Teófila Pereira (54 años) dijo que, tras la masacre, pasó escondiéndose un año y, cada vez que regresaba al caserío El Cantarito, veía cómo los perros se disputaban los brazos de los niños que habían sido asesinados. Amanda Martínez (63 años) dijo que escuchó a soldados que decían “hoy les llegó la hora, guerrilleros de La Joya”. Eustaquio Martínez (67 años), hermano de Amanda, dijo que encontró a sus hijos muertos a balazos y algunos degollados. Lucila Romero (49 años) dijo que se escondió en una maicillera cuando llegó la tropa y que, cuando algunos soldados se acercaron a ella persiguiendo a unas gallinas, pensó que su vida había terminado.
Cuando el juez les pregunta cuál es su interés en declarar, los cuatro contestan lo mismo: que se haga justicia.
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