Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Batallón Atlacatl. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Batallón Atlacatl. Mostrar tots els missatges

30/4/23

Estados Unidos detiene a uno de los militares acusados de la masacre de El Mozote

 


El gobierno estadounidense hizo pública la detención, el martes 4 de abril en New Jersey, del coronel retirado del ejército de El Salvador Roberto Antonio Garay Saravia, bajo cargos de participación en ejecuciones extrajudiciales y fraude migratorio. Según la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) Garay Saravia, que reside en Estados Unidos desde 2014, ocultó en documentos oficiales su participación en la masacre de El Mozote, en la que militares salvadoreños asesinaron en diciembre de 1981 a cerca de mil civiles, así como su vinculación con al menos otras tres masacres cometidas por el ejército entre 1981 y 1984, en los inicios de la guerra civil.

Garay Saravia tenía en aquel momento el grado de subteniente y es uno de los quince oficiales acusados desde hace siete años en un tribunal salvadoreño por los crímenes de El Mozote. El comunicado de ICE detalla que Garay Saravia fue entre 1981 y 1985 comandante de sección en el Batallón Atlacatl, uno de los más sanguinarios de la Fuerza Armada de El Salvador. Omite que, durante todos esos años, el Atlacatl era una unidad élite financiada y entrenada por el gobierno de Estados Unidos, como parte de su política contrainsurgente en Centroamérica.

Las autoridades estadounidenses vinculan a Garay Saravia también con la masacre de La Quesera, cometida entre el 21 y el 31 de octubre de 1981 en el área rural de los municipios de San Agustín, Jiquilisco y Berlín, todos ellos en el departamento de Usulután. Se estima que a lo largo de diez días el ejército asesinó allí a alrededor de 500 personas con la participación de los batallones Atlacatl y Atonal, la Guardia Nacional, la Quinta y Sexta Brigada de Infantería, y miembros de la Fuerza Aérea y la Defensa Civil.

El anuncio lo relaciona también con la masacre de El Calabozo, en San Vicente, un operativo de agosto de 1982 en que el Batallón Atlacatl asesinó a la orilla del río Amatitán a 200 personas, "hombres, mujeres y niños apresados sin resistencia" según el informe de la Comisión de la Verdad que documentó los crímenes de guerra en El Salvador. En 2016 un cable desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) identificó al coronel Sigifredo Ochoa Pérez como el comandante que lideró esa operación militar. El comunicado de ICE vincula a Garay Saravia con una tercera masacre no especificada, en el departamento de Cabañas. (leer más...)

Extracto del artículo publicado en El Faro.net

30/6/20

El Juez de El Mozote envía inspectores a buscar los archivos que el Ejército niega


El juez del proceso por la masacre de El Mozote ordenó que se realicen búsquedas de archivos en ocho lugares, incluido el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, y el Archivo General de la Nación. A la base de la búsqueda está la sospecha de ocultamiento de información y el señalamiento de “irregularidades” en la documentación que el Ejército ya entregó al juzgado.

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ordenó el 15 de junio la realización de inspecciones en ocho archivos militares, para que los querellantes y expertos en archivos busquen planes militares y documentos administrativos relacionados con la masacre de El Mozote (1981), la mayor masacre de civiles de la guerra salvadoreña, con casi mil víctimas reconocidas en un censo oficial.

A petición de la querella, el juez ordena inspecciones en cuatro lugares en San Salvador: el ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea y el Archivo General de la Nación; uno en La Libertad, la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”; uno en San Miguel, la Tercera Brigada de Infantería; uno en Morazán, el Destacamento Militar Número Cuatro; y en los archivos de la Unidad de Relaciones Públicas de la Fuerza Armada y el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), de cuya ubicación el juez pide un informe al presidente Nayib Bukele.

La orden implica la búsqueda de los archivos del Batallón Atlacatl, y las brigadas militares de San Miguel y Morazán, y la Fuerza Aérea, implicadas en la masacre. Pero también se autoriza la búsqueda en otras unidades como los conjuntos I, II, III y IV del Estado Mayor, del Batallón Ramón Belloso, la Primera Brigada de Infantería, Coprefa y el Archivo General de la Nación. La lógica con estas otras, según el juez, es que la información “podría poner en evidencia una práctica sistemática de encubrimiento de violaciones a los derechos humanos” y “para confirmar o descartar un aparato de poder organizado que cumplía con la implementación de una política de Estado”. 

Los principales objetivos de la búsqueda son el “plan militar de la operación Rescate de 1981”, el nombre del operativo que terminó en la masacre, los “planes de operaciones militares en el país entre 1980 y 1984”, así como “planes militares de nivel nacional durante la guerra y sus anexos”. También se persigue “normativa militar durante la guerra”, tal como reglamentos y decretos ejecutivos o manuales de formación y de funciones; “Órdenes Generales del Estado Mayor”, “análisis de inteligencia militar”, “informes periódicos de operaciones, informes de supervisión y control de operaciones, disponibilidad de recursos para desplegar operaciones” y otros  “documentos administrativos vinculados” al operativo de El Mozote y otros cantones y caseríos aledaños.

Desde que se reabrió el proceso de El Mozote, en septiembre de 2016, la presidencia de la República ha respondido seis veces al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera que no existen documentos de planes militares relativos al Mozote en sus archivos. 

Pero el juez no cree que no hayan archivos útiles resguardados por la Fuerza Armada. Tiene varias razones.

El 16 de febrero de 2018, comparecieron ante el tribunal el mayor Noé Pineda Martínez, jefe de Archivo General de la Fuerza Armada, y el coronel José Rolando Morales Belloso, jefe de Personal del Estado Mayor conjunto del Ejército. En su comparecencia, “dejaron claro la existencia de información pertinente y útil para la investigación y esclarecimiento de los hechos suscitados en El Mozote y sitios aledaños (...) en el Archivo General de la Fuerza Armada y Archivo General de la Nación”. El mayor Pineda dijo además que había “unas cajas con planes de guerra y planes de campaña”. 


Otra de las sospechas es por inconsistencias que parecen evidentes en la investigación. Por ejemplo, en la hoja de servicio (una especie de currículo militar) del coronel Domingo Monterrosa, no se registra su participación en la Operación Rescate de Morazán, en diciembre de 1981. Monterrosa era el comandante del Batallón Atlacatl, la principal unidad encargada de la masacre, y tanto testigos sobrevivientes como dos soldados que declararon bajo régimen de protección lo ubican físicamente durante el desarrollo de la masacre.

El juez Guzmán duda también de otras hojas de servicio. “Llama la atención que, en las hojas de servicio, únicamente aparece información que han participado en la operación Rescate militares que han fallecido y, por obvias razones, no pueden ser juzgados”, dice el juez.

Finalmente, el juez reiteró lo que ha señalado en otras resoluciones respecto a los archivos. Considera “del todo inexcusable” que una institución como el Ejército, caracterizado por el orden y la disciplina, no haya cumplido con su obligación legal de llevar registros de sus planes. El juez dice que, si en una unidad militar se registran hasta las entradas y salidas de personas, con mayor razón deben plasmarse en documentos las operaciones y campañas.

“Son inadmisibles las tesis de que los planes militares requeridos para esta investigación nunca existieron —dice el escrito— y que ‘la operación Rescate’ surgió de forma espontánea y en el territorio, en las mentes de los oficiales que las dirigieron, dibujando y esquematizando en improvisados papeles que luego fueron desechados, las posiciones y desplazamientos de las unidades militares que participaron”. 

8/10/17

El día cuando los ofendidos de El Mozote callaron a los militares



La primera fase de los testigos del juicio por la masacre de El Mozote terminó. De los 17 testigos originales, 10 ya han ratificado lo que denunciaron a inicios de los 90, ante el juez de San Francisco Gotera. Pese al horror de los relatos, los abogados de los militares acusados insisten en convertir a las víctimas en guerrilleros. Pero hay testimonios que tienen el poder de decirles: "callad, callad, oíd".

 Me habéis golpeado azotando
la cruel mano en el rostro
(desnudo y casto
como una flor donde amanece
la primavera)
—Roque Dalton, El turno del ofendido

Genaro Sánchez Díaz iba todos los días a la casa de su madre, Gregoria, pero aún no sabe por qué no fue el 11 de diciembre de 1981. “Quizá ya Dios”, busca explicárselo. Era viernes, el segundo día de la 'Operación Rescate' del Ejército salvadoreño. Aquel día, interrumpir su rutina le salvó la vida, y por eso Genaro Sánchez ha podido acudir, 36 años después, a otra audiciencia para ampliar su declaración en el caso 238-1990, conocido como la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Sánchez era en aquel entonces un agricultor de 49 años, residente –al igual que hoy- en el cantón La Joya del municipio de Meanguera, Morazán. Dice que cuando los soldados llegaron, su nombre estaba en listas de búsqueda, los cuadernos del ejército que llevaban los nombres de los perseguidos. Sánchez culpa a “orejas”, informantes del gobierno que vivían o se infiltraban en las comunidades, de conocer detalles precisos sobre su ubicación y sus movimientos.

Además de él, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, este 28 de septiembre declara también una mujer de 68 años, que carga con una voz apenas perceptible, pero con un mensaje que nadie le podrá contestar. Sánchez y Chicas son parte de un grupo valiente de campesinos que en 1990, con la guerra viva y los militares aún entronizados, decidieron empezar un juicio por la masacre que arrasó con unas mil personas, en cuatro caseríos y dos cantones. Este juicio, en el que se utilizan las reglas del Código Penal de 1973, llama a Sánchez y a todos esos ancianos como 'ofendidos', un sinónimo para lo que hoy conocemos como 'víctimas'. El juez de la causa, Jorge Guzmán, los llama 'los ofendidos'. Ellos se sienten ofendidos. 36 años después siguen sintiéndose ofendidos.

Lo primero que hace Genaro Sánchez ante el juez es pedir perdón. “Buenos días, discúlpeme pero ya por la edad no escucho bien algunas palabras”, le dice. Luego explicará porque ha llegado: "mi interés en declarar es por la familia que perdí".

En su relato, Sánchez cuenta que vio helicópteros aterrizando en Arada Vieja, que vio a soldados disparando en La Joya, que escapó con su compañera de vida y cuatro hijos hacia el monte, que en la noche del 11 de diciembre de 1981, Sotero Guevara y Patricio Díaz, llegaron a su casa, llorando porque les habían matado a su familia. Entonces, los dolientes se fueron junto a la familia de Sánchez hacia el río Las Marías, en La Joya. Una semana después, Sánchez fue a la casa de Sotero y encontró los escombros y los cadáveres de Catalina Chicas, Petronila Chicas, Justa Guevara, Jacinta Guevara, Roque Guevara (a quien Genaro llama su hijo), Ambrosio Guevara, Lorenzo Vigil, Aminta Vigil, Pedro Vigil y…

Su relato se vuelve más crudo: “Echamos al hoyo cinco señoras, dos hembras y dos varones. Nueve había. Y Jacinta estaba embarazada de nueve meses (…) Toqué un cadáver para depositarlo en el hoyo y se desprendía la carne. Más abajo, encontramos 16 muertos. Los familiares los enterraron. A un muerto lo cubrieron con piedra laja y con piochas picaron un paredón para que no los comieran los animales”.

Durante su testimonio, Sánchez pide que le repitan las preguntas. El juez Jorge Guzmán toma nota y pide consideración para el ofendido. “Recuerden que estas son personas sometidas a una situación difícil, han quedado marcadas psicológicamente. Debemos respetar y yo voy a estar vigilante”, dice Guzmán, especialmente a los defensores de los militares.
Pero ellos no le hacen caso.


 ***
En la primera tanda de ampliación de testimonios, hace cuatro audiencias, entre los ofendidos también desfiló Irma Ramos Márquez, de Ranchería, que vio a unas 30 personas muertas el 12 de diciembre y vio a perros y cerdos alimentándose de los cadáveres. Luego Hilario Sánchez Gómez, que se escondió en el cerro El Perico con otras 50 personas y vio columnas de soldados incendiando las casas.

En septiembre, declararon María Teófila Pereira, Lucila Romero Martínez, Eustaquio Martínez Vigil, y María Amanda Martínez, cuyos testimonios también detallan la masacre.

Ya declaró también Juan Bautista Márquez, testigo de casi todas las masacres, porque anduvo huyendo con su familia y en su huida pasó por todas las comunidades arrasadas. En marzo, Juan Bautista se rió de uno de los abogados de los militares acusados, cuando este negaba, en sus narices, que la masacre de El Mozote hubiese ocurrido. Los abogados de los militares son como los mismos militares: pese a las pruebas, los testimonios, lo siguen negando todo. “Si a mí me sacaron de la puerta de la casa. Y dice que no hay delito ¿Cómo que no estoy yo? ¿Entonces no es delito ir a sacar a otro de la casa?”, reclamaba Bautista.

Genaro y todos los ofendidos sigue siendo clave en la estrategia de la parte acusadora. Cuando el caso empezó, habían pasado nueve años desde la masacre, y los abogados de los ofendidos diseñaron un plan para enfrentarse al aparato de justicia salvadoreño que consistía en dividir los roles y los papeles de los ofendidos para que entre todos, como en un coro, denunciaran la masacre. Fue así como uno pondría la denuncia: Pedro Chicas Romero. Luego Rufina Amaya, la mujer que habló con periodistas estadounidenses que denunciaron la masacre en 1982, sería la testigo principal. Las historias del resto de testigos cumplirían diferentes propósitos: narrar una por una las masacres en cada caserío y cantón; hablar de las violaciones, de las casas quemadas, de la participación de diferentes unidades militares… El rosario del horror se llenaba de cuentas.

27 años más tarde, esa estrategia se ha visto alterada, entre otros factores por la muerte de los protagonistas. De los 17 ofendidos del reparto original, cinco ya murieron: Pedro Chicas, el denunciante original; Rufina Amaya, la testigo principal; Sotero Guevara, víctima junto a Genaro de la masacre en La Joya; Domingo Vigil Amaya y Raquel Romero, ambos sobrevivientes de Jocote Amarillo.

Hay 12 personas que siguen vivas pero dos no han podido declarar en el juicio por problemas de salud: Rosa Ramírez Hernández y Bernardino Guevara Chicas.

Los otros 10 ratificaron su testimonio ante el juez entre junio y septiembre de 2017. El más longevo, con sus 93 años, es Anastacio Pereira Vigil. Fue el primero en pasar, quizá porque es a quien ya le va quedando menos tiempo para denunciar todo lo que sufrió. Pereira encontró los cuerpos de sus familiares en casa de su hermana, y aseguró que había muchos cadáveres en la iglesia, pero no entró porque no soportaba el olor.
***
En el juicio de El Mozote se persigue al alto mando de la Fuerza Armada, a 18 militares entre los que destaca el ministro de Defensa de la época, el general José Guillermo García, deportado en 2016 de Estados Unidos por haber sido un hombre con mucho poder que violó derechos humanos.  Pero además de ellos, es como si este juicio también sentara en el banquillo a los gobiernos salvadoreño y estadounidense, que durante décadas negaron que en El Mozote hubiera pasado algo.
Para llegar hasta García la estrategia de los acusadores busca comprobar que la masacre de El Mozote fue cometida por varias unidades del Ejército, entre las que destaca el Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, que seguía las órdenes del Estado mayor. 

La estrategia de los defensores de los militares es la misma con la que muchos militares justificaron, y siguen justificando, la muerte de alrededor de mil campesinos: la vinculación entre esa población y la guerrilla. Sembrar la idea de que los ofendidos eran guerrilleros y que las muertes registradas fueron o producto del enfrentamiento directo o bajas del fuego cruzado. Los defensores de ahora actúan como los militares de antaño.

Hace 27 años, en su denuncia original, el ofendido Genaro Sánchez dijo que se enteró que el Batallón Atlacatl había sido responsable del operativo porque se lo contó Rufina Amaya, la testigo principal. Ahora, Sánchez ha cambiado su versión. Dice que se enteró sobre el batallón Atlacatl porque lo escuchó en Radio Venceremos, una emisora de la guerrilla. 

Los abogados defensores de los militares parecen tiburones que huelen sangre tan pronto como la palabra “Venceremos” termina de salir de la boca de Sánchez. La Radio Venceremos era la frecuencia clandestina de la guerrilla. Entre los supuestos objetivos militares que devino en las masacres, en 1981 el Ejército hablaba de la captura y desarticulación de los miembros de la Venceremos.

***

—¿En qué fecha Rufina le dijo que el responsable del operativo había sido el Atlacatl?

Quien pregunta es Rodolfo Garay Pineda, abogado, exdirector de Centros Penales en los gobiernos de Arena, defensor de los coroneles Roberto Garay Saravia y Rafael del Cid Aguirre. En una entrevista con El Faro, en mayo, Garay Pineda dijo que él sigue negando que la masacre ocurrió.

Sánchez no responde a la pregunta de la fecha, pero dice que el Atlacatl hizo un gran desastre. Garay insiste en que Sánchez aclare si recibió la información sobre la autoría del operativo de  Rufina o de la radio. El querellante David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, objeta:

—La defensa está haciendo una pretensión indebida. Él ya consignó que algunos puntos no eran como se había dicho.

El juez concede la objeción. Garay Pineda vuelve a su asiento, pero antes dice: “está plenamente establecido que el testigo se contradice”. El abogado viste de una chaqueta verde olivo, camisa blanca y corbata roja. Mira hacia atrás, por encima de su hombro, a otro grupo de hombres que han llegado a la sala. Levanta las cejas y debajo del bigote se asoma una amplia -y arrogante - sonrisa.

Otro abogado, el coronel Adrián Meléndez Quijano, continúa el interrogatorio.

— ¿Sabe dónde está ubicada la radio?
— Era móvil -dice Sánchez

Otro abogado, Roberto Girón Flores:

—¿Vio a quienes andaban con la radio?
—No, solo los meros principales andaban- dice Sánchez.
— ¿Sabe dónde estaba la radio?
—Se movía en Guacamaya, o Arambala -dice Sánchez.

Giron Flores se gira a su público y les regala otra sonrisa. Garay Pineda es más efusivo y parece celebrar un gol: alza las manos y gira en su silla, mientras vuelve a ver a la izquierda, al equipo contrario. “¡Vaya! ¡Vaya!”, repite y se ríe. Por mucho tiempo, quienes niegan El Mozote han dicho que las víctimas eran guerrilleros. Garay Pineda, alguien que dice que El Mozote era “un cementerio de la guerrilla", cree que ese argumento le servirá para desacreditar a Sánchez. Los abogados de los militares, y los militares, siempre han querido convertir a Sánchez y a todos los ofendidos en guerrilleros armados.

El triunfalismo de la defensa comienza a derrumbarse cuando el juez Guzmán le resta crédito a los guiños de los abogados: “Sánchez solo relacionó un conocimiento común sobre la radio”, sentencia.
El turno del ofendido Genaro Sánchez culmina con una última confesión. Luego de que el juez Guzmán le agradece la intervención, Sánchez responde: “Sí, es que es la verdad”.



***

El turno de Lidia Chicas está a punto de suspenderse. El juez Guzmán convoca a un fiscal, un querellante y un defensor a su despacho. La testigo se siente mal: vomita, se ve temblorosa, pero se recompone y todos deciden seguir adelante.

Chicas tiene 68 años, y declaró por primera vez en agosto de 1992. Lleva un suéter y una pañoleta azul amarrada en la cabeza. Camina hacia su lugar para empezar su testimonio, asistida por un hombre que le sirve de bastón.

Habla muy suave y no se acerca al micrófono. Lidia Chicas está nerviosa. Lidia Chicas tiene miedo. A Lidia Chicas le duele contar cómo la ofendieron: “El 13 de diciembre de 1981, como a las 6 de la mañana en el caserío Poza Honda, en Meanguera, vi a un buen número de hombres uniformados de color verde y armados de fusiles y corvos. Desde como las ocho de la mañana, empezaron a matar a las personas que residían en el lugar. Yo oía gritos de las personas y golpes como que estaban cortando matas de guineo, mientras yo estaba escondida en unos matones (matorrales)…”

“Vi cuando mataron a machetazos a  Sinforoso Reyes,  a su esposa Eugenia Díaz, que estaba embarazada, y a cuatro hijos, menores de edad.  Los niños le hablaban al papá y a la mamá. Decían ‘mamita, levántate de ahí’ ¿Y cómo se iban a levantar si ya estaban muertos?”, dice Lidia, en una denuncia pronunciada con un tono demasiado bajo, pero cuyo contenido grita demasiado fuerte.
En la masacre, mataron a los padres de Lidia, Pablo Chicas y Florentina Mejía. Su hermano Omar tenía una cortadura en la cara y los dedos mutilados. Su hermana Agustina estaba en un peñón con la falda hacia arriba y la ropa interior abajo. En la masacre, mataron a tres hermanos menores, su abuela, tres tíos, tías, primas…, en total, 55 familiares.

¿55 dijo? Lo corroboro con otra periodista que también cubre la audiencia. Y sí, dijo 55. Si en la masacre de El Mozote murieron mil personas, el 5 % eran familiares de Lidia. El silencio que ha envuelto a la sala es atroz.

Preguntan entonces los querellantes y los fiscales:

— ¿Por qué dice que fue el ejército quién mató a la gente?
— Porque ellos fueron, yo los vi.
— ¿Quiénes la ayudaron a enterrar a la gente?
— Solo yo con mi esposo.
— ¿Cómo la afecto esto?
— Solo yo quedé con mi hija: yo no tengo nada.
— ¿A cuántos sus familiares le han entregado?
— Ya ni me acuerdo.

Las manos le tiemblan y toma té. Turno entonces para que los defensores pregunten, pero algo pasa. Cuando Lidia termina y los abogados que la representan acaban sus preguntas, nadie en el bando contrario puede decir nada. Están mudos. Ninguno de ellos tiene preguntas. La audiencia termina y los tiburones han perdido sus dientes. Lidia los ha silenciado.

Cuando ocurrió El Mozote, la legislación salvadoreña no asignaba la calidad de “víctimas” a quienes sufrían un delito. Les llamaba “ofendidos”. El poema de Roque Dalton cobra vida:

Ahora es la hora de mi turno
el turno del ofendido por años silencioso
a pesar de los gritos
 Callad
Callad
Oíd

Articulo de Nelson Rauda Zablah


28/9/17

El juicio por El Mozote continúa su lenta marcha


Un año después de que la Amnistía fuera declarada inconstitucional, el juicio penal por la masacre de El Mozote (1981) es el único crimen de guerra que se mueve en los tribunales salvadoreños. El caso se tramita con leyes antiguas: los abogados no puede preguntar directamente a los testigos, el juez dirige la investigación y ha citado a peritos como los antropólogos argentinos que hicieron exhumaciones hace 15 años. Los testigos cuentan los horrores que pasaron y cómo escaparon de la brutalidad del Batallón Atlacatl. Pero aún no hay pruebas que vinculen directamente a los acusados. El tiempo está del lado de los perpetradores de la peor masacre de América Latina el siglo pasado.

El jueves 21 y viernes 22 de septiembre, el juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera recibió los testimonios de cuatro personas: víctimas y familiares de víctimas de un operativo de tierra arrasada que acabó con la vida de un millar de personas en El Mozote (Arambala, Morazán) y lugares aledaños, entre el 10 y 12 de diciembre de 1981.

Estos testimonios no son solo una medida restaurativa, no es solo para que algunos viejos militares pidan perdón. Al final de este juicio, 18 altos mandos del Ejército de 1981 podrían ir a la cárcel, entre ellos el exministro de Defensa, Guillermo García. Pero hay algo más importante, el cumplimiento de uno de los puntos más vilipendiados de los Acuerdos de Paz: la superación de la impunidad. Un año y dos meses después de la eliminación de la Amnistía, El Mozote es el único caso de la guerra civil salvadoreña que avanza en los tribunales.

María Teófila Pereira (54 años) dijo que, tras la masacre, pasó escondiéndose un año y, cada vez que regresaba al caserío El Cantarito, veía cómo los perros se disputaban los brazos de los niños que habían sido asesinados. Amanda Martínez (63 años) dijo que escuchó a soldados que decían “hoy les llegó la hora, guerrilleros de La Joya”. Eustaquio Martínez (67 años), hermano de Amanda, dijo que encontró a sus hijos muertos a balazos y algunos degollados. Lucila Romero (49 años) dijo que se escondió en una maicillera cuando llegó la tropa y que, cuando algunos soldados se acercaron a ella persiguiendo a unas gallinas, pensó que su vida había terminado.

Cuando el juez les pregunta cuál es su interés en declarar, los cuatro contestan lo mismo: que se haga justicia.

Seguir leyendo articulo en El Faro

7/12/14

Ellacuría: historia y liberación


Filosofó hasta el final, asumió su posibilidad postrera: dar testimonio con su muerte; así culminó su entrega 

"No podía ni sabía hacer otra cosa. Un espíritu interior lo impulsaba. Filosofaba por vocación. Hasta tal punto que sostenía que una vida sin filosofar no merecía la pena, y por ello, cuando le dijeron que dejara de filosofar para poder seguir viviendo, prefirió tomar la cicuta de su condena a muerte. No quiso abandonar la ciudad, ni dejar de filosofar, las dos condiciones que le ponían para salvar la vida”. Estas palabras de Ignacio Ellacuría sobre Sócrates son el mejor resumen del desenlace de su propia vida. Un desenlace que vino determinado por su manera comprometida de entender la historia.

 Para Ellacuría, desarrollando algunos conceptos fundamentales de la filosofía de Xavier Zubiri, la historia es el ámbito en el que se ha de realizar –se ha de hacer efectiva– la ética. La historia no nos viene dada de un modo inexorable. La historia se hace, es decir, constituye un proceso de creación en el que el hombre elige entre diversas posibilidades, y es una tarea ética. Mientras que, para Zubiri, el hombre tiene que hacerse cargo de la realidad, para Ellacuría el ser humano está obligado a encargarse de la realidad y, además, a cargar con ella. Lo que constituye un imperativo ético que obliga al hombre en conciencia, no sólo en tanto que integrante de una clase social, sino como miembro –a la vez solitario y solidario– de la humanidad. Un imperativo del que Ellacuría derivó –inmerso en la realidad hiriente de Latinoamérica– una voluntad de liberación fundada en la idea de que la realidad histórica es la realidad radical y, además, una realidad dinámica obra del hombre, que elige entre las posibilidades ofrecidas en cada situación y momento del proceso histórico. La tarea de la filosofía es contribuir críticamente a la liberación de la historia, lo que implica tomar partido.

 De este núcleo de pensamiento dedujo Ellacuría que la función crítica de la filosofía está orientada, como ejercicio supremo de la razón, a la liberación de los pueblos del oscurantismo, de la ignorancia y de la falsedad. Es decir, que la función crítica de la filosofía ha de tener por objeto, en primer lugar, la ideología dominante, como fundamento estructural que es de todo sistema social. Estas ideas, trasladadas al ámbito teológico, no implican que la Iglesia haya de convertirse en una fuerza política –ya que la Iglesia nunca ha de perseguir el poder–, sino que, para ser fiel a su misión, ha de promover la salvación integral del hombre, que tiene una dimensión política. Lo que comporta, sin perjuicio de que la liberación sea inicialmente personal –ya que sólo cada persona en cuanto tal puede ser liberada–, que, para ser plena, la liberación ha de ser también estructural –social, política y económica–, habida cuenta de que las personas viven inmersas en sistemas sociales con vocación de continuidad impuesta al servicio del núcleo dominante. De esta sostenida vocación de continuidad impuesta se desprende –según Ellacuría– que la violencia originaria es la injusticia estructural, que mantiene por la fuerza –mediante estructuras económicas, sociales políticas y culturales– a la mayor parte de la población en una situación de violación permanente de sus derechos humanos. Lo que Ellacuría percibía con especial dramatismo en Centroamérica, una región que ha vivido ancestralmente y sigue viviendo, aunque en grados diferentes, en una situación económica que impide a la mayor parte de la población satisfacer sus necesidades básicas.

La indudable grandeza de Ellacuría –el alto valor ejemplar de su vida y de su muerte– no radica sólo en el vigor de su pensamiento filosófico ni en la altura de los objetivos que se marcó, sino en la estricta coherencia existente entre lo que pensó, lo que dijo y lo que hizo. Puede decirse de él, con palabras de la Escritura, que fue fiel hasta el extremo, hasta la muerte. Como ha escrito Pedro Sols, Ellacuría “quiso que su filosofía estuviese al servicio de los pobres de la Tierra, no de una manera panfletaria, sino dando elementos de comprensión de la realidad histórica. Siendo teólogo, supo articular el mensaje de salvación del cristianismo con los gritos de liberación de todo un subcontinente, el Latinoamericano, que se desangraba por estructuras injustas y por dictaduras de una crudeza enorme”.

Hace veinticinco años que fue asesinado por el ejército salvadoreño, en la residencia de los jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador, junto con otros cinco jesuitas –Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan-Ramón Moreno y Joaquín López–, la cocinera –Elba Ramos– y su hija Celina. Ellacuría acababa de regresar de Barcelona, a donde había acudido para recoger el Premio Comín. Dada la situación de violencia institucional desatada entonces en El Salvador, sabía lo que podía pasarle. Eligió estar allí. No abandonó la ciudad. Filosofó hasta el final. Asumió su posibilidad postrera: dar testimonio con su muerte. Así culminó su entrega".

Artículo publicado en La Vanguardia ayer 6 de diciembre obra de Juan José López Burniol (Alcanar, Montsià, 1945), licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha sido decano del Colegio de Notarios de Cataluña y vicepresidente del "Consejo General del Notariado" de España, entre 1987 y 1989; magistrado del Tribunal Superior de Andorra (1987-1993) y del Tribunal Constitucional de Andorra (1993 - 2001).

Más informaciones al respecto en este enlace

6/6/11

Veinte procesados por la matanza de los jesuitas en El Salvador


El pasado 30 de mayo el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ordenó la busca y captura internacional del que en 1989 era ministro de Defensa Nacional salvadoreño y de otros 19 militares del país centroamericano por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, el 16 de noviembre de ese año, en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Os invitamos a la lectura del artículo publicado en el diario Público con el título "Veinte procesados por la matanza de los jesuitas en El Salvador":

"El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó ayer la busca y captura internacional del que en 1989 era ministro de Defensa Nacional salvadoreño y de otros 19 militares del país centroamericano por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, el 16 de noviembre de ese año, en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Les procesa por ocho asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad o contra el derecho de gentes, y a cada uno de ellos les pide una fianza de 3,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

En un meticuloso y extenso auto, el magistrado comienza explicando la situación política de El Salvador, regido por una dictadura militar desde 1932. El año en que se asesinó al rector de la UCA, el padre Ignacio Ellacuría, junto a otros cuatro jesuitas españoles, un sacerdote salvadoreño y el ama de llaves y su hija, "fue un punto clave de la década de guerra civil" que vivía el país. Acababan de celebrarse elecciones impulsadas por Estados Unidos y Alfredo Cristiani, candidato del partido conservador Arena, fue investido presidente con el 53% de los votos. Un 50% del electorado no votó, como pedía el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

La línea dura de Arena y las fuerzas armadas presionaban para volver a la estrategia de guerra total contra el FMLN utilizada entre 1979 y 1982, periodo durante el que el Batallón Atlacalt se destacó por otros asesinatos y se cometió el del arzobispo Óscar Romero. Para esa estrategia era necesario "destruir cualquier tipo de resistencia posible, incluida la que podían ejercer desde su labor" de mediación "los jesuitas de la UCA".

Gracias a Ellacuría, el partidario de la línea más dura del FMLN había anunciado públicamente su disposición a negociar. Y "ese fue el motivo fundamental de su asesinato", afirma el magistrado, que recuerda que las amenazas contra el jesuita español comenzaron en 1980. Se debían a que el Ejército y los terratenientes salvadoreños consideraban que los seguidores de la teología de la liberación incitaban a los campesinos a participar en "una conspiración comunista internacional".

Entre el 16 y el 18 de octubre de 1989, el Gobierno se reunió con el FMLN. Las condiciones de esta organización entonces guerrillera pasaban por la reestructuración del Ejército y la eliminación de la llamada Tandona, los militares que ejercían de facto hasta el poder político. Y eso esta no podía tolerarlo. Las amenazas contra Ellacuría se recrudecieron y a finales de mes su coche fue pintado con esvásticas.

En medio de un clima en el que acababan de ser asesinados nueve líderes sindicales, Ellacuría, que había ido a España a recoger un premio, volvió a El Salvador, el 13 de noviembre, para reanudar sus esfuerzos con el objetivo de lograr un acuerdo.

Su asesinato se decidió el día 15, pero fue fruto de "discusión, planificación y autorización previas". Días antes se obligó a todas las emisoras de radio salvadoreñas a contactar con Radio Cuscatlán, controlada por el Gobierno. Todo el país pudo oír las amenazas que se vertían contra varios líderes, entre ellos el rector Ellacuría. Los políticos se ocultaron, pero los jesuitas creyeron que la universidad les protegería. El 12, el Ejército registró el campus de la universidad, con la excusa de que al estar contigua al Estado Mayor debía comprobarse su seguridad. Al día siguiente volvió a ser registrada, pese a que desde el anterior "nadie podía entrar ni salir sin pasar por el control militar".

Los militares que hicieron los registros, miembros del batallón Atlacalt, volvieron al campus para cometer los crímenes. Se utilizó el arma característica del FMLN para tratar de culparlo de los crímenes, pese a que los testigos vieron a los militares y que la autoría hasta fue propagada por megafonía desde sus vehículos que tachaban de comunistas a los jesuitas.

El auto insiste en que el juicio que se celebró en El Salvador (ante la amenaza de EEUU de retirar su ayuda) fue una farsa en la que sólo se condenó a dos autores, luego indultados, y hasta se absolvió a asesinos confesos".

25/5/09

Ellacuría, crimen sin castigo


Ahir diumenge, el programa En Portada de Televisió Espanyola va presentar un documental sobre la impunitat existent vint anys després de l'assasinat el 16 de novembre de l'any 1989 del pare jesuíta Ignacio Ellacuría i de sis persones més: Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín Lopez y López , Elba Julia Ramos y la hija de ésta, Celina, de 15 años, a mans del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.

Us deixem l'enllaç de l'avançament del programa: "Ellacuría, crimen sin castigo".

I a més, us convidem a llegir l'entrevista al General René Emilio Ponce qui va ordenar aquest crim "sense deixar testimonis":

¿Qué opina de la querella que se ha presentado en España contra 14 ex militares por el asesinato de los jesuitas?
La querella la han presentado dos ONG buscando alguna institución que pueda reabrir el caso. Yo creo que se está violentando un principio del derecho universal, el non bis in idem. Que significa que una cosa juzgada no puede volverse a juzgar. Y eso lo tenemos nosotros en nuestra constitución, en el artículo 11, que específicamente habla de que una persona que ha sido enjuiciada por una causa no puede volver a ser enjuiciada por la misma razón. Aquí en el Salvador el caso jesuitas ha tenido dos juicios. Uno en el año 91-92, que tuvo una sentencia en el que hubo dos condenados un coronel y un teniente. Y luego hubo otro proceso que se resolvió con el sobreseimiento de los encausados. Si España conoce que el caso ha sido juzgado y continúa con el proceso definitivamente lo considero un nuevo colonialismo de España. Nos están diciendo su justicia no sirve. La nuestra sí sirve.

¿Pero aquel juicio no fue un juicio farsa?
En el primer juicio, la investigación comenzó el año 90 e intervinieron investigadores de la policía española, del FBI y de Scotland Yard apoyando a la comisión de hechos delictivos en el Salvador en la investigación. Así fue como el juez llegó hasta el plenario y hubo un juicio completo. Hubo una sentencia del juez Lo que sucede que es el caso es que las sentencias que han salido no son del agrado de las partes querellantes. Entonces no se puede estar diciendo que se va a manejar todo un sistema judicial de un país. Yo pienso que se está vulnerando en estos momentos la seguridad jurídica del Salvador.

¿Estaría dispuesto a ir a declarar a España?
Pues tendría que evaluarlo en su momento oportuno. Nosotros esperamos que la justicia española respete nuestro sistema judicial. Puede que sea imperfecto o que no siga los cánones de otros países pero es nuestro sistema judicial, respaldado por nuestra soberanía nacional. Ahí vamos a ver si el caso es más político que jurídico.

Según la Comisión de la Verdad, usted dio la orden de asesinar a Ignacio Ellacuría y no dejar testigos. ¿Reconoce usted que ordenó ese asesinato?
Durante 19 años tanto mi familia como yo hemos estado sufriendo este ataque injustamente. Porque yo en ningún momento, en ningún lugar, he dado al coronel Benavides la orden de asesinar a los jesuitas y no dejar testigos. Fíjese que es contradictorio lo que contiene el informe de la Comisión de la Verdad. Porque ellos dicen que enfrente de dos generales y de dos coroneles yo le ordeno: Asesine a los jesuitas y no deje testigos. ¿Y los que estaban oyendo allí no eran testigos? Es una contradicción. Lo más increíble de la Comisión de la Verdad es que ellos no citan ninguna fuente que haya dicho eso. Yo no me puedo imaginar quién se inventó esa historia. Porque en definitiva quiero asegurar categóricamente que en ningún momento y en ningún lugar yo he dado la orden para asesinar a los jesuitas.

¿Conoció, permitió o avaló que alguien encargara ese asesinato?
De ninguna manera. No estaba yo únicamente concentrado en lo que se hacía aquí en la ciudad de San Salvador. Estaba conduciendo las operaciones a nivel nacional. Estaba defendiendo un sistema a nivel nacional. Nunca tuve conocimiento de que alguien tuviera la idea de asesinar a los padres jesuitas.

¿Entonces fue obra de un comando por su cuenta?
Definitivamente que sí. Déjeme ponerlo en contexto: La ofensiva se inició a las 20 horas del día 11 de noviembre. Nuestra primera estrategia fue defender los centros neurálgicos, los objetivos estratégicos de nuestro país, de la embestida del FMLN. Había balas, balazos por todos lados, de la capital principalmente. Los combatientes del FMLN venían hasta con tres fusiles porque tenían planificado que la gente residente en los barrios populosos iban a tomar las armas para llevar a cabo la insurrección armada.


El 15 de noviembre yo hice una reunión con todos los comandantes del área de San Salvador. Estaba dividido en 5 comandos. Entre ellos estaba el comando de seguridad del Estado Mayor, el ministerio de defensa y de las zonas aledañas, en las que estaba incluida la UCA. El comandante de esa zona era el coronel Benavides. Establecimos en esa reunión cuál iba a ser la acción a tomar para desalojar las áreas ocupadas por el FMLN. Porque ya la mayoría de la población había sido evacuada, habían salido con una banderita blanca en medio de las balas. Considerábamos que la gente que había en esa zona era gente del FMLN. Iniciamos nuestra ofensiva y esa fue la razón de esa reunión. Y allí estaba el coronel Benavides como parte de los comandos conformados en el área metropolitana. Y en ningún momento se dio la orden de asesinar a los jesuitas. En consecuencia, si este comando tomó la decisión de entrar a la UCA y asesinar a los jesuitas fue una decisión propia del comandante de ese comando.

¿Por qué murieron Ellacuría y sus compañeros? ¿Por subversivos?
No creo que fuera por eso. Tuve una plática con el padre Ellacuría durante las negociaciones que se hicieron para el secuestro de la hija del presidente Duarte. Él era el intermediario, tenía relación con el FMLN y ahí conocí su vocación por la paz y que de alguna forma no estaba de acuerdo en cómo se estaba llevando el conflicto, cómo estaba estableciendo sus estrategias el FMLN en el campo violento. Creo que la muerte de los jesuitas fue una consecuencia del momento que se vivía ante una ofensiva que estaba afectando a toda la capital del país.

¿Pero por qué fueron a por ellos? No iban armados. ¿Por qué fueron a buscarlos y los fusilaron?
Yo creo que esa es una buena pregunta que le podrían hacer al coronel Benavides. Cada año que hay ataques públicos contra nosotros yo he dicho: Que diga el coronel Benavides públicamente si yo le he dado esa orden. Yo no tengo la menor idea de por qué tomó esa decisión.


¿Hubo intentos posteriores de encubrir el asesinato?
No, las fuerzas armadas se abrieron a la investigación. Intervinieron agentes de la policía española, del FBI y de Scotland Yard y estaba la unidad especial investigadora de El Salvador. Nosotros nos abrimos completamente a la investigación, porque veíamos que era una cosa horrenda, un crimen horrendo. Yo en lo personal creí que había sido el FMLN por causarnos problemas a las Fuerzas Armadas. Las investigaciones tomaron otro rumbo y llegaron a la conclusión de que había un grupo de oficiales y tropa que eran responsables de la muerte de los jesuitas y fueron los que llevaron a juicio.

¿Teme usted ser recordado como un asesino, atrapado en su país como en una gran cárcel?
Durante 19 años mi familia y yo hemos soportado, hemos sufrido esta injusticia, de que me estén señalando como asesino cuando en realidad yo no tengo ninguna culpabilidad en la muerte de los jesuitas. Posiblemente una porción del pueblo salvadoreño tenga de mi la imagen de un asesino, como me han dibujado las opiniones públicas vertidas sobre todo por organizaciones de izquierda, y en el mismo informe de la Comisión de la Verdad no tiene responsabilidad nadie de lo que aparece ahí. Es un informe que lo firman tres personas pero no citan quién dijo tal o cual cosa. Y en los mismos acuerdos de paz se estableció que ese informe no iba a tener utilización judicial. Sin embargo eso contribuye a que lo que usted me pregunta pueda suceder en el futuro. Y es injusto porque yo dediqué 30 años de mi vida a servir a mi patria, a defender a mi país y en los momentos más difíciles yo estuve conduciendo estratégicamente a las fuerzas armadas para defender un sistema amenazado por una agresión comunista apoyada internacionalmente. Después estuve como ministro de Defensa participando en la negociación de la paz. Es injusto que todo ese esfuerzo tenga poca validez ante un señalamiento que no tiene sustentación, que más que todo es el invento de alguien que busca dañarnos y que buscó dañarnos durante todo el tiempo, las organizaciones de izquierda manipuladas por el comunismo internacional.

¿Estaría usted dispuesto a pedir perdón públicamente a las víctimas?
¿Por algo que yo no hice? Perdón de qué voy a pedir yo, si yo no lo hice... Yo no tengo ninguna culpabilidad en eso. Sí, yo lo lamento y acompaño a los familiares de las víctimas en ese dolor, porque sé lo que es perder un familiar en una situación en la cual son inocentes.

¿Pero puede haber reconciliación sin justicia? ¿No deberían revisarse o abolirse las leyes de amnistía?
Los mismos protocolos de la Convención de Ginebra dicen que cuando se negocia y se busca una solución política a un conflicto armado interno se debe dar una amnistía absoluta, amplia y general para buscar la reconciliación de la sociedad. Eso es lo que se dio en nuestro país. Eso podría compararlo yo también con la guerra civil de España. ¿Cómo se logró la reconciliación en España? ¿Por qué le han dicho al juez Garzón que no abra casos de la guerra civil? Porque va a poner al país en una situación de confrontación. Hay cosas que tienen que perdonarse, tienen que cuidarse y realmente buscar esa consolidación de la reconciliación de la sociedad respectiva. Y eso es lo que busca la amnistía en estos casos y la mismas Naciones Unidas lo recomiendan.

La ley de amnistía del 93 fue apoyada por los países amigos del proceso, que eran cuatro. España, Colombia, Venezuela y México. Recuerdo que visitamos al presidente González en España y él creía que la amnistía era necesaria para la reconciliación de todos los salvadoreños. Comparándolo con leyes de amnistía de otros países suramericanos como Chile, Argentina, Uruguay ¿Son casos diferentes? Ellos no tuvieron un conflicto armado tan intenso como el que vivimos en nuestro país durante 12 años, por lo tanto aquí estamos confrontados dos organizaciones militares una defendiendo el estado y otra intentando tomar el poder del Estado éramos salvadoreños enfrentados entre sí. Creo que una ley como esa fue necesaria para consolidar la paz y buscar la verdadera conciliación de los salvadoreños.

¿Usted se arrepiente de algo?
No me arrepiento de todo lo que hice en beneficio de mi país. No me arrepiento de haber estado al frente de las Fuerzas Armadas para hacer valer el Estado de Derecho. Para defender la institucionalidad del Estado, para defender nuestras libertades y para defender el sistema constitucional de nuestro país. De eso yo no me arrepiento porque logramos la paz y entregamos al gobierno de la República, al pueblo salvadoreño, en 1993, un país en paz. No se me viene a la mente de algo que pueda arrepentirme porque siempre tuve en mente actuar dentro de lo correcto, en el margen que establece la ley y dentro de la institucionalidad del Estado. Los jesuitas fueron víctimas de las circunstancias. Y del momento, el contexto que estábamos viviendo, dentro de la ofensiva Hasta el Tope que llevó a cabo el FMLN para tomar el poder dentro de su agresión comunista.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...