El juez del proceso por la masacre de El Mozote ordenó que se realicen búsquedas de archivos en ocho lugares, incluido el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, y el Archivo General de la Nación. A la base de la búsqueda está la sospecha de ocultamiento de información y el señalamiento de “irregularidades” en la documentación que el Ejército ya entregó al juzgado.
El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge
Guzmán, ordenó el 15 de junio la realización de inspecciones en ocho
archivos militares, para que los querellantes y expertos en archivos
busquen planes militares y documentos administrativos relacionados con
la masacre de El Mozote (1981), la mayor masacre de civiles de la guerra
salvadoreña, con casi mil víctimas reconocidas en un censo oficial.
A
petición de la querella, el juez ordena inspecciones en cuatro lugares
en San Salvador: el ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor
Conjunto de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea y el Archivo General de la
Nación; uno en La Libertad, la Brigada de Artillería “Teniente Coronel
Óscar Osorio”; uno en San Miguel, la Tercera Brigada de Infantería; uno
en Morazán, el Destacamento Militar Número Cuatro; y en los archivos de
la Unidad de Relaciones Públicas de la Fuerza Armada y el Comité de
Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), de cuya ubicación el juez pide un
informe al presidente Nayib Bukele.
La orden implica la
búsqueda de los archivos del Batallón Atlacatl, y las brigadas militares
de San Miguel y Morazán, y la Fuerza Aérea, implicadas en la masacre.
Pero también se autoriza la búsqueda en otras unidades como los
conjuntos I, II, III y IV del Estado Mayor, del Batallón Ramón Belloso,
la Primera Brigada de Infantería, Coprefa y el Archivo General de la
Nación. La lógica con estas otras, según el juez, es que la información
“podría poner en evidencia una práctica sistemática de encubrimiento de
violaciones a los derechos humanos” y “para confirmar o descartar un
aparato de poder organizado que cumplía con la implementación de una
política de Estado”.
Los principales objetivos de la búsqueda son el “plan
militar de la operación Rescate de 1981”, el nombre del operativo que
terminó en la masacre, los “planes de operaciones militares en el país
entre 1980 y 1984”, así como “planes militares de nivel nacional durante
la guerra y sus anexos”. También se persigue “normativa militar durante
la guerra”, tal como reglamentos y decretos ejecutivos o manuales de
formación y de funciones; “Órdenes Generales del Estado Mayor”,
“análisis de inteligencia militar”, “informes periódicos de operaciones,
informes de supervisión y control de operaciones, disponibilidad de
recursos para desplegar operaciones” y otros “documentos
administrativos vinculados” al operativo de El Mozote y otros cantones y
caseríos aledaños.
Desde que se reabrió el proceso de
El Mozote, en septiembre de 2016, la presidencia de la República ha
respondido seis veces al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera
que no existen documentos de planes militares relativos al Mozote en sus
archivos.
Pero el juez no cree que no hayan archivos útiles resguardados por la Fuerza Armada. Tiene varias razones.
El
16 de febrero de 2018, comparecieron ante el tribunal el mayor Noé
Pineda Martínez, jefe de Archivo General de la Fuerza Armada, y el
coronel José Rolando Morales Belloso, jefe de Personal del Estado Mayor
conjunto del Ejército. En su comparecencia, “dejaron claro la existencia
de información pertinente y útil para la investigación y
esclarecimiento de los hechos suscitados en El Mozote y sitios aledaños
(...) en el Archivo General de la Fuerza Armada y Archivo General de la
Nación”. El mayor Pineda dijo además que había “unas cajas con planes de
guerra y planes de campaña”.
Otra de las sospechas es
por inconsistencias que parecen evidentes en la investigación. Por
ejemplo, en la hoja de servicio (una especie de currículo militar) del
coronel Domingo Monterrosa, no se registra su participación en la
Operación Rescate de Morazán, en diciembre de 1981. Monterrosa era el
comandante del Batallón Atlacatl, la principal unidad encargada de la
masacre, y tanto testigos sobrevivientes como dos soldados que declararon bajo régimen de protección lo ubican físicamente durante el desarrollo de la masacre.
El
juez Guzmán duda también de otras hojas de servicio. “Llama la atención
que, en las hojas de servicio, únicamente aparece información que han
participado en la operación Rescate militares que han fallecido y, por
obvias razones, no pueden ser juzgados”, dice el juez.
Finalmente, el juez reiteró lo que ha señalado en otras resoluciones respecto a los archivos.
Considera “del todo inexcusable” que una institución como el Ejército,
caracterizado por el orden y la disciplina, no haya cumplido con su
obligación legal de llevar registros de sus planes. El juez dice que, si
en una unidad militar se registran hasta las entradas y salidas de
personas, con mayor razón deben plasmarse en documentos las operaciones y
campañas.
“Son inadmisibles las tesis de que los planes
militares requeridos para esta investigación nunca existieron —dice el
escrito— y que ‘la operación Rescate’ surgió de forma espontánea y en el
territorio, en las mentes de los oficiales que las dirigieron,
dibujando y esquematizando en improvisados papeles que luego fueron
desechados, las posiciones y desplazamientos de las unidades militares
que participaron”.
